Política

Asambleístas se disculpan, aclaran y esperan investigación sobre la entrega de carnés de discapacidad

Quito.- Disculpas públicas, aclaraciones, comparecencias y pedidos de investigación son las respuestas que surgen desde la Asamblea Nacional frente al escándalo de la entrega de carnés a personas con discapacidad, que topa directa e indirectamente a por lo menos seis legisladores.

En la agenda de la sesión plenaria 674 existen dos pedidos para que se discuta el inicio de una investigación a los 137 asambleístas que habrían obtenido el carné y luego beneficiado con la adquisición de vehículos, y que se solicite la comparecencia del ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, para que explique la modalidad, control y destino de estos documentos.

Elizabeth Cabezas (AP), expresidenta de la Asamblea, está en la lista de beneficiarias indirectas por el carné de discapacidad entregado por el Conadis a su esposo, Javier Vaca, en 1989, producto de un accidente de tránsito. Fue ella quien planteó que la Asamblea actúe con fuerza en su rol fiscalizador «más allá de ruido político y del escándalo».

Dijo que la semana pasada solicitó al ministro de Salud información referente a los procesos de otorgamiento de carnés de manera irregular y fraudulenta, pero que no hubo respuesta y por ello pide que se lo convoque.

Marcela Holguín (RC) planteó una investigación profunda sobre una presunta red de corrupción para sacar provecho de la emisión de carnés de discapacidad, pues afirmó que desde el 2008 hasta el 2016 en el país se importaron alrededor de 4600 vehículos para personas con discapacidad, mientras que en los tres últimos años de Gobierno la importación de ese tipo de vehículos subió a 7800; entonces concluyó que la culpa no es del Gobierno anterior.

Mientras se espera que la sesión 674 se reinstale para conocer los dos pedidos planteados, en redes sociales los asambleístas Fabricio Villamar (antes de CREO), Israel Cruz (BIN-Cambio 62), Marcia Arregui (AP) y Ramón Terán (PSC), quienes poseen los carnés, aclararon los motivos de salud que los llevaron a adquirirlos.

Villamar dijo que está dispuesto a una reevaluación de su estado de salud y pidió disculpas a las personas que se sienten defraudadas y creyeron en él al darse a conocer en los últimos días que cuenta con un carné de discapacidad y que realizó la importación de una camioneta de $23 500.

Cruz indicó en sus redes sociales que el carné de discapacidad lo obtuvo tres años antes de su postulación a la Legislatura. Que al haber padecido cáncer sufrió varias operaciones que implicaron extirpación de 40 cm de intestino delgado, afectando considerablemente su movilidad. Aclara que jamás ha utilizado esta condición para favorecerse ilegítimamente.

Terán explicó ante la Comisión de Fiscalización que es verdad que sacó un carné de discapacidad en noviembre de 2019, pues ha tenido cinco operaciones en las rodillas, que la evaluación médica se hizo en el hospital Martín Icaza de Babahoyo, y que emitieron un informe para poderse acoger a la Ley de Discapacidades.

Dijo que se pone en primera fila para que se investigue y le hagan los exámenes físicos para verificar si ha mentido o está diciendo la verdad respecto a su discapacidad.

Asimismo, Wilma Andrade (ID-BIN) explicó que su esposo, Marco Morales, tiene el 56 % de discapacidad y que en el 2019 decidió acceder a los beneficios que da la normativa por recomendación médica y aseguró que su carné fue obtenido cumpliendo con todos los requisitos legales.

Tres vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) pidieron a su colega Christian Cruz que presente el informe en el que se le diagnostica el 81 % de discapacidad y que se «someta a un examen médico público».

Cruz, presidente del Consejo, confirmó el jueves pasado que tiene un carné emitido por el Consejo Nacional de Discapacidades (Conadis) en el 2009 porque tiene el 81 % de discapacidad auditiva y visual, tras golpearse en la cabeza durante un entrenamiento de artes marciales.

Aseguró que «nunca» ha comprado un vehículo o bien «aprovechando la exoneración tributaria», y que tiene un vehículo adquirido en el 2015 por el que pagó «todos los impuestos».

En medio de las irregularidades denunciadas alrededor de la adquisición de estos carnés, las consejeras Sofía Almeida, María Fernanda Rivadeneira e Ibeth Estupiñán suscribieron un comunicado en el que piden a Cruz que presente el informe médico que certifique tiene ese grado de discapacidad y se someta a un examen médico público.

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