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Fiscalía expresa preocupación por últimas decisiones jurisdiccionales en casos de corrupción.

La Fiscalía General del Estado expresó su preocupación por las decisiones jurisdiccionales en torno a casos de corrupción, tras los allanamientos ejecutados por la Fuerza de Tarea, que lidera el organismo, en el marco de la emergencia sanitaria por el covid-19.

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El comunicado se refiere a las decisiones judiciales en torno a medidas sustitutivas dictadas en las audiencias de formulación de cargos de dos casos: uno de presunto tráfico de influencias en la Prefectura; y otro por presunto tráfico de armas y municiones.

En el primer caso, la Fiscalía pidió se dictara la prisión preventiva en contra de los 8 aprehendidos, entre ellos el prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales. No obstante el Juez de Garantías Penales dispuso edidas distintas: prohibición de salida del país, presentación periódica ante la autoridad y uso de dispositivo de vigilancia electrónica.

El operativo se ejecutó como parte de una investigación por delito de tráfico de influencias en la compra de insumos médicos por parte de la Prefectura del Guayas, durante la emergencia sanitaria por covid-19.

En el segundo caso , el Juez de Garantías Penales Ismael Figueroa dictó arresto domiciliario contra el expresidente Abadalá Bucaram por presunto tráfico ilícito de armas de fuego. Ello, a pesar de que la Fiscalía justificó su pedido de prisión preventiva con la presentación de elementos de convicción, tales como: el informe de la Policía Judicial, el parte de aprehensión, el arma junto a las municiones incautadas, entre otros, que fueron ingresados en cadena de custodia.

El juez consideró oportuno imponer el arresto domiciliario debido a de que el procesado tiene 68 años de edad y problemas de salud

. En el pronunciamiento público, la Fiscalía recordó el estado de excepción por la emergencia sanitaria y cómo se han suscitado distintos hechos de corrupción, de ahí que mencionó «hoy más que nunca las víctimas de estos reprochables actos de corrupción demandan justicia».

En ese sentido, la entidad reiteró que «el combate a la corrupción debe ser integral, es un compromiso continuo de la sociedad en su conjunto y, particularmente, de las instituciones de la Función Judicial». (I)

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