Política

Fiscalía indaga compra de overoles y posible defraudación tributaria

Tres nuevos escándalos en contratación pública estallaron ayer, 8 de mayo del 2020, en medio de la emergencia por el covid-19. La Fiscalía investiga la existencia de una posible defraudación tributaria de la empresa que ganó un contrato con el Hospital Abel Gilbert Pontón, de Guayaquil.

También abrió un expediente por probable sobreprecio en la compra de overoles en el Hospital Docente de Ambato y allanó las oficinas del Hospital de Guaranda, en Bolívar.

En el primer caso, los agentes fiscales y los policías entraron en oficinas y domicilios de Daule, Durán y Guayaquil.

En esa incursión se detuvo a cuatro directivos de la compañía que ofertó y ganó el proceso para dotar de insumos al hospital guayaquileño por un monto total de USD 500 000.

Esa firma se hallaba registrada en el Servicio de Rentas Internas (SRI) como empresa dedicada a la venta al por mayor de instrumentos, materiales médicos y quirúrgicos dentales. Pero con base en datos de la Superintendencia de Compañías, las investigaciones determinaron que su actividad estaba relacionada con restaurantes, cebicherías y cafeterías.

El fiscal que está a cargo de la investigación, César Suárez, señaló que estas contradicciones harían presumir la existencia de “una conducta penal relevante, que tendría como resultado un perjuicio a la recaudación tributaria del Estado”.

El investigador señaló que se continuará con las indagaciones para conocer si existen funcionarios públicos involucrados. Durante el operativo se embargaron equipos e insumos médicos y documentación relacionada con el caso.

Mientras esto sucedía en Guayaquil, en Ambato también se ejecutaba otro operativo en el Hospital Docente.

El objetivo de los investigadores era recoger indicios sobre la contratación de overoles, cubrecabezas y otros insumos con presunto sobreprecio y recomendación dirigida.

En la diligencia se incautaron de cuatro computadoras, dos teléfonos celulares y documentación digital que estaría relacionada con el proceso. Ni los documentos físicos ni los presuntos responsables se encontraban en el lugar.

El fiscal provincial de Tungurahua, Galo Romero, indicó que la Fiscalía iniciará una investigación previa por los presuntos delitos de tráfico de influencias, defraudación tributaria y alteración de evidencias y elementos de prueba.

Según la información obtenida en las primeras horas, los documentos físicos habrían sido sustraídos del edificio.

Al igual que lo ocurrido en Guayaquil, la empresa que ganó la licitación para dotar de estos equipos al hospital no se dedicaba al área de salud.

En el Servicio de Rentas Internas (SRI) estaba registrada en actividades de transporte. La Fiscalía también confirmó esta información.

El valor del contrato asciende a USD 216 111. El costo por cada traje era de USD 39,90 y se compraron 4 836.

La Fiscalía adelantó que se dispondrán “varias diligencias” que ayudarán a esclarecer los hechos investigados.

La fiscal Diana Salazar también se pronunció: “Fiscalía está desplegando todos sus recursos para investigar a quienes, en medio de la tragedia, estarían haciendo negocios”.

Ayer, 8 de mayo, agentes allanaron las áreas administrativa, financiera y bodegas del Hospital Alfredo Noboa Montenegro, en Guaranda (Bolívar).

Allí se indaga un presunto sobreprecio en la adquisición de fundas para cadáveres.

Adicionalmente, se desarrolló un operativo en el marco de las investigaciones por el posible sobreprecio en 7 000 kits de alimentos de la Secretaría de Gestión de Riesgos.

Los agentes ingresaron a las oficinas ubicadas en el Complejo del ECU-911, en el km 1 de la vía a Samborondón.

En el operativo se confiscó documentación de la presunta adquisición de paquetes alimenticios por un valor de USD 1 055 740 más IVA. En un comunicado, la Fiscalía señaló que continuará con las diligencias para determinar si existen o no irregularidades en la adquisición de esos kits de alimentos.

El contrato habría sido firmado entre la secretaria de Gestión de Riesgos, María Alexandra Ocles, y un proveedor que también es indagado.

La funcionaria dijo que no teme a los procesos abiertos, que tiene “la conciencia tranquila” y que todo fue legal.

 

Fuente: elcomercio.com

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