Política

El ajuste en salarios públicos se acentúa por la emergencia

La emergencia por el covid-19 ha demandado que el Gobierno trate de ajustar las cuentas del Presupuesto, para atender una mayor demanda de recursos para salud y protección a sectores vulnerables.

Según el Ministerio de Finanzas, hasta el 15 de abril la emergencia demandó que los gastos en salud y otros relacionados a problemas generados por el covid-19 se incrementaran enUSD 1 466 millones.

En este contexto, uno de los gastos que el Gobierno espera reducir es el de pago de salarios del sector público en los sectores que no están en primera línea, como salud y seguridad, entre otros.

La masa salarial creció durante 10 años en el Gobierno anterior. Pero desde el año pasado, el gasto en este rubro comenzó a reducirse. En el primer trimestre de este año, el pago de salarios públicos continuó con esa tendencia y cayó en USD 28 millones en relación a igual trimestre del 2019.

Antes de la crisis, el Gobierno esperaba reducir este gasto en alrededor de 0,3% del PIB durante el 2020; es decir, en alrededor de USD 300 millones. Esta era una de las metas fijadas en la última revisión del acuerdo económico firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), de diciembre del año pasado.

En ese acuerdo no se contemplaban las medidas para hacer frente a la crisis por el covid-19, entre las que el Gobierno propone que los funcionarios del sector público aporten durante nueve meses con un porcentaje de su sueldo a una Cuenta Humanitaria.

En el Proyecto de Ley Humanitaria, que actualmente es analizado en la Asamblea, el Ejecutivo además propone que después de los nueve meses, el salario de los funcionarios de la Función Ejecutiva y de empresas públicas, que ganen igual o más de USD 1 000, se reduzca en un 10% de manera permanente.

El proyecto además señala que el Presidente, Vicepresidente, ministros y viceministros aportarían con el 50% de su sueldo por nueve meses. David Álvarez, viceministro de Trabajo, reconoció que la reducción del 10% de los salarios al sector público no se puede aplicar a los funcionarios con nombramiento definitivo, debido a que la Ley no se aplica de forma retroactiva.

En una comparecencia ante la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea, Álvarez explicó que la reducción se podría aplicar a los funcionarios de libre remoción o del nivel jerárquico superior. En estos casos, no se requeriría una reforma legal sino emitir un decreto ejecutivo.

Durante la administración de Lenín Moreno se han ejecutado dos reducciones salariales al jerárquico superior, una en el 2017 y otra en el 2019.

La primera vez se redujo el 10% a quienes entonces ganaban entre USD 2 368 mensuales hasta USD 6 261. En el 2019 se redujo entre el 5% y el 10% en varios rangos de salarios.

Gremios de trabajadores del sector público ven con preocupación las intenciones de disminuir la remuneración de los servidores. Sostienen que es posible reducir el gasto en salarios si se revisa a funcionarios de alto rango y si se reduce el gasto en salarios de funcionarios del servicio exterior.

Cinco sindicatos enviaron una misiva al presidente de la Asamblea, César Litardo, en la que exponen argumentos para desvirtuar varios artículos del proyecto de Ley.

La carta está firmada por representantes del Parlamento Laboral Ecuatoriano (PLE), la Confederación Nacional de Servidores Públicos del Ecuador (Conasep), entre otros.

Los gremios citan el artículo 328 de la Constitución para mencionar que la remuneración es inembargable y que cualquier descuento debe ser autorizado previamente por el trabajador.

Jaime Arciniega, representante del Parlamento Laboral e Iván Bastidas, vocero de la Conasep, informaron que han mantenido reuniones con autoridades del Ministerio de Trabajo para analizar la situación de los servidores públicos, por el proyecto de Ley y por desvinculaciones de funcionarios.

Los dirigentes indicaron que hay apertura para el diálogo. La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) también se opone a la reducción de salarios y los aportes. Mientras tanto, otras funciones del Estado están analizando opciones de ajuste.

Christian Cruz, presidente del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs), de la Función de Transparencia y Control Social, dijo que estudian mecanismos óptimos.

“Estamos conversando con los consejeros. En lo personal no tengo problema (con la reducción del sueldo). Pero este es un cuerpo colegiado, estamos debatiendo sobre los aportes del salario”, precisó.

En el Consejo Nacional Electoral (CNE), la presidenta del organismo, Diana Atamaint, esperará a que se promulgue oficialmente la Ley Humanitaria para emitir su pronunciamiento. El consejero José Cabrera dijo lo mismo. Aunque recordó que en el caso del CNE, en octubre del 2019 y en enero de este 2020, ya se efectuaron ajustes salariales.

El Ejecutivo también busca limitar nuevas contrataciones. El Ministerio de Finanzas emitió normas para que las entidades no incrementen la masa salarial durante el segundo trimestre del 2020.

Se establece que las entidades públicas no podrán contratar nuevo personal, excepto en casos de comisión de servicios, cuando se trate de licencias con o sin remuneración, o para reemplazar a alguien que salió en marzo y cuyas funciones no puedan ser realizadas por otra persona de la entidad.

Además, en el caso del jerárquico superior, los puestos que estuvieron vacantes entre enero y marzo, y no fueron cubiertos, seguirán vacíos. (El Comercio)

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