Política

Jarrín y Alvear pasaron de asesores a defensores de Rafael Correa

En 2017, cuando la Asamblea Nacional era presidida por José Serrano, del movimiento Alianza PAIS, el doctor Fausto Alejandro Jarrín Terán trabajaba como asesor de la primera vicepresidenta, Viviana Bonilla.

Según sus declaraciones juramentadas, presentadas en 2017 y 2020 en la Contraloría General del Estado, se desempeñó como asesor 1 en la primera vicepresidencia de la Asamblea, desde el 5 de mayo hasta el 14 de agosto de 2017. Además, en ese año ejerció las funciones de gerente de proyectos en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

Ese cargo lo desempeñaba desde 2016. Y desde el 2014 cumplía sus tareas como subsecretario de Coordinación Interinstitucional de la Secretaría Nacional de Gestión Política, tiempo durante el cual conoció al expresidente.

Desde el 2010 hasta el 2014 el abogado Carlos Alfredo Alvear Burbano laboró en la Asamblea Nacional. Empezó como asistente administrativo y terminó como asesor A 2.

En 2014 pasó a la Presidencia de la República como asesor. En 2015 se aseguró el puesto de asesor de Coordinación Jurídica en la Vicepresidencia de Jorge Glas, según registra la Contraloría. También estuvo cuatro años como director del Instituto Ecuatoriano de Derecho Penal e Investigaciones Criminológicas. Y desde hace cinco años ejerce su profesión de abogado en libre ejercicio.

Fausto Jarrín y Carlos Alvear constituyeron sus estudios jurídicos, que están ubicados en diferentes sectores de Quito. El primero lo hizo el 28 de septiembre del año 2000 con un capital de $ 400,00; y el segundo el 9 de marzo de 2015, con el mismo capital, de acuerdo con los registros de la Superintendencia de Compañías. Sus principales clientes son los funcionarios del gobierno correísta implicados en procesos penales, pero diferentes delitos.

Defensores de los correístas

Jarrín Terán lleva dos años en la defensa del expresidente Rafael C.D. en el caso Sobornos, por el presunto delito de cohecho, en el que sí pueden sentenciarlo, incluso en ausencia, lo cual truncaría sus aspiraciones de candidatizarse a alguna dignidad en las próximas elecciones.

El proceso está en fase de juicio, y los recursos jurídicos empleados por Jarrín no le han dado resultado porque se mantiene la acusación contra su defendido.

El abogado Joan Paul Egred, especialista en Derecho Penal, se refiere a la defensa que ejerce en el caso Sobornos. “El proceder del abogado Fausto Jarrín no solo es limitado, sino que además ha sufrido chascos al citar normativa derogada en sus escritos, ha pretendido inútilmente dilatar la audiencia de juicio y no ha logrado sembrar, al menos hasta hoy, la duda razonable respecto a la participación del expresidente en esta caso penal”.

Y también sostiene que la fiscal general del Estado, Diana Salazar, no tiene “un gran caso armado contra Correa”, pero tampoco encontrará mayor reparo en las leguleyadas de la contraparte.

Aun así, Jarrín dice que defenderá a su cliente en esta causa, en el caso Caminito y en el caso Balda. “La lealtad entiendo que es un valor. Junto a su otro abogado ya lo defiendo en el caso Caminito y lo voy a defender en el caso Balda”, escribe en su cuenta de Twitter el jurista.

Efectivamente, Jarrín y Caupolicán Ochoa Neira defendieron a Rafael C. D. en el caso de secuestro del activista político Fernando Balda. Está acusado del delito de asociación ilícita, en el que su cliente fue llamado a juicio, pero en ausencia no pudieron sentenciarlo. Sin embargo, con la extradición de Pablo R. Q., secretario nacional de Inteligencia en el gobierno correísta, se reactivó el caso.

Jarrín también fue abogado de Alexis M., secretario jurídico de la presidencia de Rafael C., a quien logró sacar de prisión y a quien dictaron arresto domiciliario con un dispositivo de vigilancia electrónica. Además defendió a los correístas detenidos durante el paro nacional de octubre de 2019, como a Paola Pabón.

A la defensa de Rafael C. se unió Alvear Burbano, quien antes patrocinaba al exvicepresidente Jorge G. en la misma causa: Sobornos. También representó, el 8 de agosto de 2018, al exsecretario de Comunicación y exministro de Turismo, Fernando Alvarado, procesado por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Alvarado se quitó los grilletes, huyó del país y es prófugo de la justicia de Ecuador.

Expresidente, cliente de Ochoa

El jurista y catedrático universitario Caupolicán Ochoa Neira, de origen cuencano, fue otro de los abogados que participó en la defensa del exmandatario en el caso de secuestro de Fernando Balda, que concluyó con una sentencia en contra de dos agentes de la Secretaría de Inteligencia.

Durante el régimen correísta, en 2007, Ochoa fue alterno del asambleísta Fernando Cordero, pero cuando fue principalizado renunció al cargo. Ahora está dedicado a la defensa de las víctimas de “El Mangajo”, en Cuenca.

Los bienes patrimoniales de los juristas del correísmo

Fausto Jarrín Terán, quien pertenece a la Red Internacional de Organizaciones de la sociedad civil ecuatoriana, tiene un patrimonio, entre activos y pasivos, de 221.561,14, según declaración de 2020 presentada en Contraloría.

Mientras que Caupolicán Ochoa Neira mantiene un patrimonio, entre pasivos y activos, de $ 1’206.546,00, de acuerdo con su declaración juramentada de 2019, registrada en la Contraloría. Del abogado Carlos Alvear no se tiene información al respecto en la mencionada institución.

Sin embargo, se conoce que los tres juristas: Jarrín, Alvear y Ochoa tuvieron problemas con la justicia.

El sistema informático de la Función Judicial señala que el 12 de febrero de 2020, Ochoa fue sentenciado a pagar una deuda de $9.963,52 a una entidad bancaria. Anteriormente, registra problemas judiciales por dinero.

También el abogado Jarrín fue obligado a cancelar un valor por una letra de cambio, pero la causa fue abandonada. Sin embargo, la compra de una vivienda, en $ 850.000 en efectivo, le causó problemas legales al tratar de derrumbarla porque aducían que era patrimonial. Terminó por venderla a una empresa.

El jurista Carlos Alvear Burbano fue sancionado por una contravención de tránsito en 2011. (El Telégrafo)

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