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Más del 35% de vehículos no están registrados ni matriculados, pero sí reciben combustible subsidiado

El Gobierno analiza variables para avanzar en los diálogos que permitan concretar una focalización del subsidio a los combustibles. Este lunes, 10 de febrero del 2020, el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, junto a varios ministros de Estado, se reunieron con representantes de sectores productivos y sociales en el Palacio de Carondelet.

La ministra de Gobierno, María Paula Romo, explicó que en la cita se presentaron datos de «economía ilegal» que se beneficia de la subvención. El Ejecutivo levanta información al respecto desde diciembre pasado y este lunes se difundieron los primeros resultados.

Romo dijo, por ejemplo, que el promedio de consumo per cápita de combustible en zonas de frontera se cuatriplica, en relación a la media nacional de 20 galones mensuales.

El Ministro de Economía, Richard Martínez, señaló que entre el 35 y 40% de vehículos del país no está debidamente matriculado, a pesar de tener registro en la Agencia Nacional de Tránsito.

Este es un parámetro para evidenciar a quien se beneficia y a quien no con la subvención, explicó el funcionario. «No se puede beneficiar a quien está al margen de la Ley y a personas de ingresos altos que no necesitan el subsidio».

Tras los datos recabados en diciembre, se reflejó una diferencia de entre el 30 y 32 % , en relación al nivel de combustible despachado por el Estado y lo facturado en las estaciones de servicio.

Del 70% restante, solo la mitad de la información está corroborada. En el porcentaje faltante se identificaron fallas en facturación, como personas sin registro, datos que no coinciden entre la persona y el vehículo, o una excesiva facturación vía consumidor final.

Martínez señaló que se tomaron correctivos para que las gasolineras mejoren el nivel de facturación. Estos datos de economía ilegal, según Martínez, servirán como instrumento para una potencial focalización, aunque por ahora no hay plazos para concretar la medida. Los diálogos con actores sociales y productivos seguirán, explicó el funcionario. (El Comercio)

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