La comunicación sigue siendo servicio público y no un derecho en Ecuador

derecho
CONCEPTO. Según la actual normativa, la comunicación es un servicio público.

Las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación, que eliminaron la Superintendencia de Comunicación (Supercom) y el carácter sancionador de la norma, entraron en vigencia el 20 de febrero de 2019.

Las modificaciones, ofrecidas por el presidente, Lenín Moreno, tuvieron una falla: a la Asamblea se le olvidó eliminar la tesis de que la comunicación es un servicio público, en lugar de un Derecho Humano.

Por eso, tres días después de aprobada la Ley, el 17 de febrero, el Ejecutivo envió un proyecto para reformar el artículo 5. El informe de la Comisión de Derechos Colectivos pasó el primer debate el 21 de junio pasado.

Pero, han transcurrido siete meses y la mesa legislativa todavía no tiene el informe para segundo debate. Según el presidente, Jaime Olivo, este estaría listo en los próximos 15 días. Sin embargo, ese plazo podría extenderse, pues también se incluirían otros proyectos, que plantean regresar a preceptos eliminados en las últimas reformas.

Volver al pasado

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) tiene que calificar las propuestas de los correístas Soledad Buendía y Juan Cárdenas y remitirlas a la Comisión. La asambleísta asilada en México plantea retomar que la responsabilidad ulterior de los medios de comunicación comprenda los ámbitos administrativo, civil y penal, lo cual había sido eliminado, y añade que también se aplique para los contenidos publicados en la página web.

Propone también que el director del medio emita una rectificación y disculpa pública por escrito a los afectados, con copia al Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, y que se publique en la página web. Además, que si hubiere reincidencia dentro de un año, el medio capacite sobre el manejo de información, para lo cual debe gastar el 10% de la facturación promediada de los últimos tres meses. Si hubieren más reincidencias, habría una multa por el mismo monto.

Otros planteamientos son que los medios también adquieran contenidos producidos o coproducidos por pueblos y nacionalidades; que los medios comunitarios se dividan en organizaciones religiosas, de nacionalidades y pueblos y de organizaciones sociales, y que las radios estén obligadas a que el 60% de su programación diaria, en el horario para todo público, sea nacional.

Por su parte, Cárdenas quiere regresar a la antigua asignación de frecuencias: 34% comunitarios, 33% públicos y 33% privados.

Más cambios

La Comisión también tramita una propuesta de Fernando Callejas, con la que se busca regular el exceso de publicidad en el sector público para que el monto no supere el 0,2% del presupuesto anual de cada función y entidad del Estado. Además, que se prohíba la asignación de presupuesto para fines políticos, electorales y a la promoción de la imagen personal, voz y nombre de los servidores públicos.

Mientras, el asambleísta Israel Cruz propuso que se garantice a las autoridades de elección popular un espacio en los medios cuando estas la soliciten.

Razonamientos

Ante la demora de la Comisión, César Ricaurte, director de Fundamedios, recalcó que la reforma es urgente porque, además de que se restituye a la comunicación como derecho, en la práctica no se puede avanzar con la reglamentación, que aún no se emite.

Mientras, Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, señaló que alargar el trámite para incorporar más reformas son “un pretexto para no dar paso a lo principal, la reforma del artículo 5”. Él insiste en que es necesario que ya concluya el trámite. (La Hora)