Informe de la CIDH también detalla los desmanes y abusos de los manifestantes

El informe que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó sobre el paro en Ecuador también recogió los “graves desmanes” y “hechos de agresiones” que fueron protagonizados por “grupos de manifestantes”.

El documento, difundido el pasado 14 de enero, centra la ‘preocupación’ de la CIDH por el uso excesivo de la fuerza pública durante la protesta de octubre pasado.

Sin embargo, “también tomó nota de que, en determinadas circunstancias, grupos de personas que se manifestaban provocaron graves desmanes”.

Así, al reseñar los actos registrados entre el 3 y 13 de octubre de 2019, citó el incendio al edificio de la Contraloría, el apedreamiento de ambulancias, “el secuestro de más de 400 agentes de la fuerza pública”, entre otros hechos.

“Inclusive mujeres policía sufrieron abusos sexuales”, anotó la CIDH en su reporte.

  • CIDH presentó once recomendaciones a Ecuador tras protestas de octubre
  • El organismo internacional refirió que algunos de estos hechos podrían constituir delitos, por lo que ‘instó’ a las autoridades a investigar tanto las denuncias sobre uso excesivo de la fuerza pública “como los hechos de agresiones y saqueos por parte de la población”.

    Sin embargo, este llamado no consta en el apartado de ‘recomendaciones’ al Estado, sino entre las conclusiones.

    El decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), Mario Melo, explica que la CIDH solo hace recomendaciones al Estado y no a otros actores de la sociedad, porque es él el que se ha sometido a su control.

    Además señala que como el Estado se sometió al control del organismo, al haber firmado la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA), sus sugerencias son “jurídicamente mandatorias”.

    La CIDH, un órgano autónomo de la OEA, visitó Ecuador entre el 28 y 30 de octubre de 2019, por invitación del país, para conocer sobre la protesta que se había registrado ese mes por la eliminación del subsidio estatal a ciertos combustibles.

    Durante su permanencia en el país, el organismo entrevistó a 439 personas y registró 380 testimonios sobre afectación a los derechos humanos u otros perjuicios en el contexto del paro. (I)