Política

CNE depende del Ministerio de Finanzas para renovar sistemas tecnológicos

La ‘reingeniería’ del sistema tecnológico del Consejo Nacional Electoral (CNE) depende de la asignación de recursos que haga el Ministerio de Economía y Finanzas.

La presidenta del Consejo, Diana Atamaint, ha dicho que se requerirán unos $170 millones dentro del Plan Operativo Electoral (POE), que aún no se aprueba en el pleno, y en el que se determinan los rubros con los que se organizarán las elecciones presidenciales, de legisladores y parlamentarios andinos del 2021.

De ese valor requieren $6 millones para la renovación del sistema informático. Sin embargo, solo para el presupuesto de ejecución del 2020 del CNE, Finanzas les asignó $35 384 910, de los $57 175 423 que solicitaron.

Ahí incluyeron un ítem para la renovación de licencias y soporte de seguridades por $950000, pero Finanzas no le asignó ese dinero, por lo que Atamaint hará gestiones para solicitar más recursos.

La presidenta ofrece mejorar los procesos informáticos para los comicios venideros, frente a las críticas de las organizaciones políticas y de los organismos internacionales por las fallas que reporta el Sistema de Transmisión y Publicación de Resultados (STPR).

En las votaciones seccionales de marzo del 2019, sufrió un ‘apagón’ que impidió la publicación de resultados desde las 19:30 del 24 de marzo, día de las elecciones, hasta casi la media tarde del 25 de marzo.

Enrique Mafla, experto informático y actual asesor de Atamaint, recordó –el jueves pasado en un seminario sobre temas electorales organizado por el consejero Luis Verdesoto– las auditorías que se han hecho a los procedimientos informáticos, así como de votación y escrutinio, del que ejemplificó el Sistema Integrado de Administración Electoral (SIAE), desarrollado por la empresa española SCYTL en el 2014, que costó $21,5 millones, y concluyó con la terminación unilateral del contrato.

Por ello cree (y lo planteará al pleno del CNE) que la alternativa es implementar un Centro de Procesamiento de Resultados (CPR) centralizado, que mejore los procesos de control, y al que incluso podrán acceder los grupos políticos.

“…Ya no tendríamos los problemas de que no sabemos si está digitando o haciendo el control de calidad o de verificación de firmas, la secretaria…”, expresó.

Para Carlos Larrea, experto informático y que participó en marzo del 2019 en la evaluación de los errores que enfrentó el STPR, lo que fracasa es la “efectividad y oportunidad” del sistema porque influyen factores como la falta de experiencia del equipo humano.

El especialista no recomienda la adquisición de nuevos software porque cada dos años la tecnología se “renueva, y se vuelven obsoletos”.

Insiste en crear sistemas eficientes y resilientes, en los que se apliquen “simulacros realistas”, y no “shows para la opinión pública”.

Medardo Oleas, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, opina que el CNE tiene “un año para rectificar el sistema, buscando las debilidades, y que se hagan las rectificaciones”.

  • Apoyo externo

Diana Atamaint, presidenta del CNE suscribió una carta de Intención con el Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL) buscando un apoyo técnico y de evaluación del sistema informático. El apoyo no implica el desembolso de recursos, aunque sí la gestión en otras entidades. CAPEL dará un ‘acompañamiento técnico’.

Comicios deberían ser 28 de febrero de 2021.

El 28 de febrero de 2021 debería ser la fecha tope en la que los ecuatorianos acudan a las urnas a elegir presidente de la República, asambleístas y parlamentarios andinos.

Es la postura que tiene el presidente del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Arturo Cabrera, quien advierte que si las elecciones “no se hacen a finales de enero o febrero del 2021, estaremos en serios conflictos para poder llegar con todo resuelto al día de la posesión de las autoridades”.

La autoridad se refiere al inicio del periodo electoral, que comprende las actividades y operaciones como parte de las etapas preelectoral, electoral y poselectoral, que integran también el ‘periodo contencioso electoral’, en el que se prevea el “tiempo suficiente para resolver las causas electorales”.

Este periodo arrancará con la aprobación del Plan Operativo Electoral (POE), tarea del Consejo Nacional Electoral (CNE), “si se quieren hacer las elecciones el 28 de febrero, para avanzar a cubrir todas las necesidades de ese proceso”, dijo Cabrera.

Esta fase concluye con la resolución de los recursos jurídicos electorales. (El Universo)

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