Existe un procedimiento expedito en violencia contra la mujer

Tuvieron que pasar 11 años para que la Asamblea viabilizara un precepto constitucional para proteger a las mujeres víctimas de violencia. En 2008, la Constitución estableció la obligación de crear procedimientos especiales y expeditos para el juzgamiento y sanción de los delitos, entre otros, de violencia contra la mujer y la familia.

Finalmente, esto se cumplió el 17 de diciembre de 2019, cuando culminó el tratamiento de las reformas al COIP. Los legisladores acataron, aunque tarde, un dictamen de la Corte Constitucional. El 27 de abril de 2017 los jueces dispusieron que en el plazo de un año la Asamblea instrumentalizara el procedimiento, tras aceptar parcialmente una acción inconstitucional por incumplimiento.

Así, cuando entren en vigencia las reformas, en seis meses contados desde el 24 de diciembre, se priorizará la protección de la mujer en casos de violencia. En el país, según la última encuesta nacional sobre relaciones familiares y violencia de género contra las mujeres, 65 de cada 100 mujeres han experimentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida.

A la par, se excluye del procedimiento abreviado a los delitos contra la integridad sexual y reproductiva, y de violencia sexual contra la mujer o miembros del núcleo familiar, lo que permitirá, según el penalista Paúl Ocaña, que los agresores no tengan una rebaja de la pena.

Los cambios 

El nuevo procedimiento obliga a los jueces a imponer una o varias medidas de protección para las víctimas, a petición de un fiscal, cuando conozcan de un delito de violencia contra la mujer. Estas, además, deberán fijarse antes de que el agresor sea notificado sobre alguna diligencia.

Actualmente, explicó la fiscal especializada en género Mayra Soria, las medidas “son una prerrogativa del juez”, por lo que se producen nuevas agresiones.

Otro de los avances es que las denuncias no podrán ser calificadas como maliciosas o temerarias, lo cual impedirá que ante un delito el victimario amenace a la mujer de acusarle por daño moral o calumnia y así evitar ser denunciado.

Se incorpora la posibilidad de suspender la sustanciación del proceso a pedido de la víctima. Esto, de acuerdo con el equipo jurídico de la Comisión de Justicia, responde al pedido de mujeres que no quieren que sus agresores sean encarcelados.

Sin embargo, se deben cumplir requisitos estrictos. El victimario no puede cometer otra agresión y debe someterse a las medidas que establezca el juez (estipuladas en las reformas). De no hacerlo, el proceso continúa y la nueva agresión es considerada dentro del caso.

Además, solo se puede solicitar hasta la audiencia preparatoria de juicio y cuando se trate de un delito de violencia física con una lesión que no supere los 30 días de incapacidad o enfermedad, o violencia sicológica, cuya pena máxima sea de un año.

Estos cambios constituyen, según la abogada en temas de violencia de género Silvia Buendía “un avance enorme”, aunque todavía falta capacitar a los operadores de justicia.

Ciertas dudas

A pesar de los avances, Soria tiene algunas preocupaciones sobre la Ley. Por un lado, considera que no existen plazos claros para la aplicación del procedimiento. Ante esto, la asambleísta Marcela Aguiñaga, expresidenta de la Comisión de Justicia, sostiene que este se rige a las reglas generales del
COIP.

La fiscal también argumenta que existiría una confusión en la aplicación del procedimiento abreviado, pues se establece que el juzgador considerará las circunstancias agravantes, cuando “el fiscal es el que debe valorar, pues es un acuerdo con el agresor”.

Frente a este cuestionamiento, el equipo jurídico aclaró que el juez es el que determina la pena y que el objetivo es evitar la impunidad y la fijación de condenas irrisorias. Además, recalcó que el objetivo del nuevo procedimiento es proteger a las mujeres, con el fin de evitar femicidios. (AGO)