A la Corte Constitucional llegaron 24 solicitudes de plebiscitos

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Hay tres propuestas de consulta popular que buscan reformar la Constitución para reestructurar el Estado que tienen el consentimiento previo de la Corte Constitucional (CC).

Además de la iniciativa que impulsa el exvocal del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) Transitorio, Pablo Dávila, la Corte dio paso a dos nuevas iniciativas.

Según el sistema de búsqueda de la Corte, en el 2019 llegaron 24 solicitudes de dictamen previo de constitucionalidad para reformar la Carta Política y convocar a consultas populares sobre varios temas, desde el funcionamiento del Estado, el retorno de los casinos y juegos de azar y la instalación de una Asamblea Constituyente, hasta implementar la cadena perpetua y la pena de muerte por delitos sexuales, narcotráfico, y otros.

Manuel Yanayacu, director de Trabajadores de los Pueblos Chonos, Cholos, Afros (Copig), es uno de los proponentes de las consultas para cambiar la estructura del Estado.

Planteó que se cree “un sistema de justicia indígena paralelo a la ordinaria que conserve y represente las costumbres y prácticas de los pueblos indígenas del Ecuador”; esto no fue aprobado por la Corte.

Pero sí se le dio paso a su pedido de reforma parcial para eliminar el CPCCS, y que la atribución de designar autoridades la asuma la Asamblea.

La CC respondió a Yanayacu que podrá presentar su iniciativa ante la Asamblea con el respaldo de las firmas necesarias, que luego sean remitidas al Consejo Nacional Electoral (CNE) para que las verifique.

Después se iniciará el trámite legislativo, según el artículo 442 de la Constitución.

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Yanayacu afirmó que el CNE ya les entregó los formularios para recoger el 1 % de las firmas de los ciudadanos inscritos en el Registro Electoral, que corresponde a 132 619 rúbricas. Aún no empiezan la recolección, pues están organizándose.

A otro colectivo liderado por Jorge Guerrón Almeida, la Corte le dijo que sí es apto el procedimiento de reforma parcial a la Constitución para eliminar las funciones de Transparencia y Control Social y Electoral; eliminar el CPCCS y que la función de designar autoridades la asuma una Cámara de Senadores; sustituir el CNE por un Tribunal Supremo Electoral, entre otros temas.

Este grupo también debe reunir el 1 % de firmas y seguir un procedimiento similar al ya descrito.

A estas dos propuestas se suma la que realiza el Comité por la Institucionalidad Democrática que lidera Dávila, quienes están aún recolectando rúbricas para concretar su iniciativa de que se elimine el CPCCS y sea la Asamblea la que elija autoridades.

Al grupo le faltaron unas 20 000 firmas para completar las 132 000. Ya llevan 15 000.

Otro de los pedidos de consulta buscaba que sea la población la que se pronuncie sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, al que dio paso la CC en junio del 2019.

Manuel Peñafiel Falconí, presidente del Copig, quería que la gente diga si estaba de acuerdo con que se haya aprobado el matrimonio igualitario “sabiendo que afectará en los niños, en caso de abominación como lo dice la Biblia, y en contra de los principios”. El pleno de la Corte lo negó.

Fuente: El Universo