Abogados del caso rebelión se reúnen para buscar vías para que se cumplan medidas cautelares de la CIDH

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Una vez que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió medidas cautelares a favor de la prefecta de Pichincha, Paola Pabón; del secretario de la Revolución Ciudadana (RC), Virgilio Hernández; y el dirigente de la RC, Christian G., los abogados de estos se reúnen desde la mañana de este lunes en Quito para analizar los caminos que tomarán para alcanzar su objetivo: que los tres procesados por el delito de rebelión puedan defenderse en libertad.

El abogado de Christian G. y solicitante de las medidas cautelares para Pabón, Hernández y su cliente, Fausto Jarrín, explicó que una vez que se reúnan con las demás defensas lo que seguramente harán es activar dos canales: el canal del Ejecutivo que será activado solicitando una mesa de diálogo, mientras que el otro canal a activar es el de la Función Judicial a través de las solicitudes correspondientes.

La prefecta de Pichincha, los dos dirigentes de la RC y Pablo D. son acusados de cometer el delito de rebelión en octubre pasado durante la protesta contra el Gobierno de Lenín Moreno.

Escuchas telefónicas entre los procesados en las que se habría identificado órdenes para salir a protestar, referencias a recibir «un regalo generoso» o el que se informaban el tiempo que llevaban combatiendo contra «policía y militares traidores», estuvieron entre los elementos que presentó durante la formulación de cargos del fiscal Provincial de Pichincha, Alberto Santillán.

Para fundamentar la resolución adoptada, dijo Fiscalía en un comunicado, Arrieta habría explicado que en las escuchas se determinó que se trata de «subvertir (trastornar algo o hacer que deje de tener el orden normal) al pueblo ecuatoriano».

Jarrín considera que el que se revoque la prisión preventiva es la única salida, por ejemplo, para permitirle a Paola Pabón que no pierda el cargo de prefecta. También explicó que la revocatoria de la prisión preventiva es la única solución para que los dirigentes de la RC, Virgilio Hernández y Christian G., en libertad «pueda seguir ejerciendo su oposición al gobierno de forma democrática y en el marco de la Constitución y de la Comisión Interamericana».

«Sin lugar a dudas este es un caso político y así lo ha dejado claro la CIDH cuando establece que han podido corroborar la estigmatización de los opositores a través de medios de comunicación y de declaraciones de funcionarios del Gobierno», apuntó Jarrín.

Adelantó el abogado que aún tienen mecanismos que lo presentarán ante la jueza que lleva el caso y estos serían la revocatoria de la prisión preventiva o revisión de medidas cautelares. Además, indicó que en el caso de que no hay respuesta podrían recurrir a un habeas corpus, con las medidas cautelares de la CIDH como fundamento para que un Tribunal decida. (I)

 

Fuente: El Universo