Defensa de Pabón, Hernández y González iniciará acciones para que se apliquen medidas cautelares dictadas por la CIDH

Quito.- El próximo lunes, la defensa de Paola Pabón, prefecta de Pichincha y los dirigentes de la Revolución Ciudadana (RC), Virgilio Hernández y Christian González, detenidos por el supuesto delito de rebelión en las manifestaciones de octubre, pedirán la revisión de medidas tomando como referencia la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que otorgó medidas de protección a su favor.

 

La CIDH en su resolución solicita a Ecuador que adopte medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de los tres detenidos, valorando e implementando aquellas más apropiadas a las circunstancias personales de cada uno de los beneficiarios. El organismo interamericano pide al gobierno que informe de las medidas adoptadas en el transcurso de quince días.

Fausto Jarrín, uno de los abogados de los detenidos, no descartó que podrían aceptar medidas sustitutivas como la colocación de grillete electrónico y prohibición de salida del país.

A la prefecta Pabón le quedan apenas horas para que termine su licencia sin sueldo de 60 días. Ella fue detenida el pasado 14 de octubre para investigaciones. De no incorporarse a su trabajo, podría perder su cargo de elección popular.

La defensa de Pabón y los dirigentes Hernández y González, activará las acciones necesarias para exigir a la justicia ecuatoriana la aplicación de las medidas cautelares dictadas por la CIDH.

Hoy sábado se practicaron nuevas diligencias en el departamento de Criminalística en Quito, como la revisión de las computadoras extraídas de la Prefectura de Pichincha. Al lugar acudieron abogados, asambleístas y familiares de los detenidos.

Fausto Jarrín, uno de los abogados, explicó que los jueces y la Fiscalía tendrán que generar las garantías, “y determinar si los presos tienen las garantías suficientes, sino corren riesgo”.

En relación a la prefecta de Pichincha, Jarrín alertó que en la decisión del CIDH tiene un apartado específico que habla sobre los derechos electorales y, manifestó, la única manera de evitar que el Estado pueda ser sancionado por la eventual pérdida del cargo de la prefectura es “permitiéndole a Paola Pabón defenderse en libertad”.

Indicó que hay caminos a seguir y lo harán desde el lunes, como plantear el habeas corpus; acciones ante la justicia interna ante la juez del caso; y otra opción es pedir la revocatoria y revisión de la medida.

Aclaró que el arresto domiciliario para los detenidos no subsanaría los riesgos a los que están sometidos, en en especial a Pabón, porque no le permitiría ejercer su cargo, con lo cual, se podrían en riesgo la pérdida de los derechos electorales; pero si los jueces deciden la colocación de un grillete y la prohibición de la salida del país, esos “tendremos que aceptarlos, porque eso no impiden el libre desarrollo de la gestión de cada uno de los procesados, como a Paola Pabón, ejercer el cargo de prefecta”.

Alertó que quien tiene en contra el tiempo es el Estado y no a la prefecta Pabón, porque la CIDH cita una sentencia donde se ha sancionado a Estados por afectar los derechos políticos de una persona sin tener sentencia ejecutoriada. En el caso de Pabón, la sentencia ejecutoria todavía es una quimera, anotó. La instrucción fiscal terminará en 14 de febrero, según el abogado.

Jarrín dijo que la sentencia ejecutoriada no se dará en quince días; por lo tanto, es el Estado el que tiene que estar preocupado por eso, porque la CIDH le advierte que podría ser sancionado con posterioridad cuando esto llegue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en caso que se consuma la pérdida de los derechos democrática de la prefecta.

 

Fuente: eluniverso.com