Las movilizaciones dejaron 435 policías heridos y 26 UPC destruidas

Los policías se desplegaron en distintos puntos del país, en donde se concentraron las movilizaciones. En Quito se congregaron en los alrededores de la Contraloría General del Estado, la Casa de la Cultura y la Fiscalía General
Los policías se desplegaron en distintos puntos del país, en donde se concentraron las movilizaciones. En Quito se congregaron en los alrededores de la Contraloría General del Estado, la Casa de la Cultura y la Fiscalía General. Foto: Carina Acosta / El Telégrafo

La ministra de Gobierno desvirtuó el informe difundido por la Defensoría del Pueblo sobre el número de fallecidos en las protestas. Dijo que hay seis fallecidos por accidente de tránsito y precipitación, mas no por agresión policial.

Los 12 días de protestas que se registraron durante el paro nacional dejaron seis personas fallecidas, informó este martes 15 de octubre de 2019 María Paula Romo, ministra de Gobierno, al presentar el resultado de las movilizaciones en el país.   

En la Comandancia de la Policía, la Secretaria de Estado detalló un balance de las protestas contra el Decreto Ejecutivo 883, que liberaba el precio de los combustibles. Tras un diálogo con líderes indígenas, el presidente Lenín Moreno dejó sin efecto dicha resolución a través del Decreto 894. Romo reconoció que el país recupera la normalidad de forma paulatina, pero lamentó las víctimas mortales, registradas en esas jornadas.

La Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (Dinased) dio cuenta de que las muertes ocurrieron por accidentes de tránsito o precipitación.

Marco Humberto Otto Rivera y José Daniel Chaluisa, por ejemplo, cayeron de forma accidental de uno de los puentes peatonales en el sector de San Roque.

Inocencio Tucumbi Vega, exlíder de una comunidad indígena, falleció tras una caída de dos metros; Silvia Marlene Mera Navarrete, funcionaria del Municipio de Pedro Moncayo, murió en un accidente de tránsito en Malchinguí. Mientras que Abelardo Caisaguano Vega y Ángel Raúl Chillpe fueron arrollados por un carro al evadir obstáculos en la vía Cuenca-Molleturo.

Romo advirtió que la Defensoría del Pueblo divulgó otra cifra de fallecidos. Explicó que en esa nómina se detectó un nombre que no consta en ningún reporte, de ahí que estimen está repetido.

La Ministra indicó que hay otro caso de un fallecido de apellido Mosquera que está bajo investigación, puesto que la tragedia fue provocada con arma de fuego. Dijo que el hecho se produjo en el sector de Cumandá, donde no se registraron disturbios.

Afectaciones a policías

La Secretaria de Estado reiteró que en las protestas no solo se puso en riesgo la vida de los manifestantes y de los policías, sino también de los ciudadanos, ya que se interrumpió el paso en 132 carreteras y caminos principales. En cuanto a la labor que cumplió la Policía, informó que 1.330 personas fueron aprehendidas en las protestas. De ese número, 57 fueron extranjeras. Los agentes policiales también sufrieron consecuencias. Hubo 1.507 atenciones en el sistema de salud y 435 policías heridos recibieron atención médica. Solo en Quito se registraron 276 gendarmes lesionados. Lamentó el caso del policía que sufrió quemaduras en su cuerpo y prevé que reciba atención en el extranjero.

Además, dos uniformados perdieron un ojo, mientras que otros sus dientes. El equipamiento también resultó afectado. Grupos antisociales quemaron 108 patrulleros y siete motos policiales, además de causar daños a 26 unidades de policía comunitaria (UPC) y una Unidad de Vigilancia Comunitaria (UVC).

Fiscalía recibe otra denuncia

El alcalde Jorge Yunda y el vicealcalde Santiago Guarderas acudieron este martes 15 de octubre de 2019 a la Fiscalía para presentar una denuncia formal sobre los actos vandálicos registrados en Quito. Las autoridades fueron recibidas por la fiscal Diana Salazar, a quien informaron que el Municipio tiene documentados en videos, fotos y reportajes los hechos vandálicos que afectaron a la urbe.

Con el material, señaló Yunda, existen las posibilidades de que se aplique la justicia y se sancione a quienes agredieron la propiedad pública y privada, además del resarcimiento económico. Aunque no tienen una cifra de los daños, Guarderas estimó que superan los $ 500 mil.

Los peritos designados al proceso deberán presentar en un plazo de 10 días los informes para conocer el perjuicio ocasionado, acotó. “El sector indígena debe pedir perdón a la ciudad por todos los daños causados y que se aclaren a través de las autoridades qué intereses hubo detrás de las manifestaciones”, puntualizó el alcalde Yunda. (I)

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