Denuncia por excesos policiales y dimisión de ministros realizan organizaciones en Guayaquil

Una denuncia por extralimitación en la ejecución de un servicio público y el pronunciamiento ante decreto 883 de organizaciones sociales son los escenarios que se desarrollaron esta mañana en Guayaquil. 

A las 10:00, Alonso López, director provincial de Unidad Popular, presentó una denuncia por el delito de la extralimitación en la ejecución de un servicio público en la Fiscalía de La Merced, al centro de Guayaquil. 

Solicitó a la Fiscalía identificar e investigar al equipo policial durante las manifestaciones del pasado 9 de octubre, que a su juicio, existen «hechos de violencia». 

Denuncia por excesos policiales y renuncia de ministros realizan organizaciones en Guayaquil

«En Guayaquil nosotros registramos durante la protesta graves hechos de violencia por parte de la fuerza policial contra protestantes que lo hacíamos pacíficamente, contra ciudadanos de a pie, que tiraban toda la fuerza del Estado», manifestó López. 

Agregó que iniciada la indagación previa, van a entregar los videos y testimonios. «La fuerza pública actuó de una forma irracional, no respetaron el mandato», apuntó. 

En tanto, a las 10:30 en la Unión Nacional de Periodistas, ubicado en las calles Luzarraga y Rocafuerte, organizaciones sociales se pronunciaron por el decreto 883, que entre otros puntos, elevó el costo de los combustibles extra y diésel.

Máximo Valverde, vocero de la Coordinadora de Organizaciones Sociales, anunció que estarán vigilantes de la derogatoria del decreto y de la elaboración del nuevo. 

«Nos preocupa el alcance porque siempre en las recetas del Fondo Monetario Internacional (FMI) hablamos de focalizar. (…) Por eso es que estamos vigilantes hasta que no este en el Registro Oficial la derogatoria», expresó. 

Además, mencionó que respaldan el diálogo, rechazan los actos vandálicos y que se cree una comisión para que se investiguen los hechos. 

«Hay un documental de archivo fotográfico que muestran el uso desproporcionado de la fuerza», señaló y agregó que en los próximos días darán ese material a Organización de Naciones Unidas (ONU). 

Finalmente pidieron la dimisión de la ministra de Gobierno, María Paula Romo y de Defensa, Oswaldo Jarrín por «crímenes de lesa humanidad». Ellos lo argumentan por el uso de la fuerza pública en protestas. (I)

Fuente: El Universo