Hasta el 2020 el Servicio de Rentas Internas entregará resultados de investigación a la empresa Furukawa

La Comisión de Derechos Colectivos avanza con la investigación de la supuesta violación de derechos humanos de alrededor de 450 personas afroecuatorianas, quienes trabajan en la empresa de Plantaciones Furukawa C.A. En el organismo legislativo, Marisol Andrade Hernández, directora del Servicio de Rentas Internas (SRI), informó que esta empresa es un contribuyente especial que está al día en sus obligaciones y no tiene declaraciones pendientes.

Indicó que el SRI inició un proceso de intervención a la empresa, por pedido de la Defensoría del Pueblo, el 18 de abril de 2019, con respecto al Impuesto a la Renta desde el 2016, para determinar posibles riesgos. El proceso de análisis durará 11 meses, es decir, hasta marzo de 2020.

Mencionó que el 7 de mayo, el SRI visitó la empresa Furukawa, pidió estados financieros, roles de pago, asientos contables e hizo un recorrido por sus instalaciones. Adelantó que la empresa cumplió con la entrega de toda la información solicitada, por tanto, el equipo auditor se encuentra en el análisis correspondiente.

A la Comisión debía acudir la ministra de Salud, Verónica Espinosa, quien delegó a Sonia Díaz, viceministra de Gobernanza de Salud, quien tampoco asistió.

Igualmente, a la mesa tenía que acudir Paúl Granda, presidente del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), quien, a su vez, delegó a Miguel Lojas Llanos, director Nacional de la entidad. Sin embargo, los legisladores coincidieron en que las principales autoridades son las que tienen que comparecer, mas no delegados.

El presidente del organismo, Jaime Olivo, dijo que la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, establecen con claridad que las autoridades de control deben acudir a procesos de fiscalización que lleva adelante la Asamblea, por consiguiente, formularán una nueva invitación.

El legislador Carlos Viteri dijo que es la segunda ocasión que la Ministra de Salud no acude, por tanto, podría estar incursa en una causal de juicio político.

Estamos hablando de una serie de derechos humanos vulnerados, sobre los cuales se debe dar solución, dijo el parlamentario Juan Cristóbal Lloret, al expresar su malestar por la falta de voluntad de las autoridades que no llegaron a la Comisión de Derechos Colectivos.

Fuente: Asamblea Nacional