Contratista de la reconstrucción suena en el caso Arroz Verde

Mientras más se escarba, mayores indicios de corrupción se manifiestan en el uso de los recursos asignados para la reconstrucción tras el terremoto de 2016, y las vinculaciones con empresas beneficiarias de millonarios contratos públicos.

Cerca de $ 70 millones del fondo que recogió contribuciones solidarias de los ecuatorianos para los damnificados del terremoto fueron destinados a un proyecto vial en Manabí que no era prioritario. La obra, que aún no concluye por imprevistos técnicos y legales, fue asignada a una de las compañías mencionadas en el caso Arroz Verde como una de las contratistas que entregó aportes para la campaña de Alianza PAIS.

Hoy, exfuncionarios del Comité de Reconstrucción (entre ellos el exvicepresidente Jorge Glas) y el gerente general y accionista de la empresa Consermin S. A. son parte de las 12 personas que están sometidas a una investigación penal por parte de la Fiscalía. Existen presuntas irregularidades en el proceso de contratación de una obra vial en Manta. Las anomalías se detallan en un informe con indicios de responsabilidad penal que fue remitido por la Contraloría.

Este organismo detectó presuntos delitos tras examinar el contrato para la construcción del tramo de acceso al puerto de Manta, por $ 83’627.515,63, que en 2017 suscribieron la empresa pública Ecuador Estratégico EP y la constructora Consermin.

Esta constructora privada fue también adjudicataria, en 2008, de un contrato por $ 58’213.526,55 para la rehabilitación y mantenimiento de la vía Balbanera-Pallatanga-Bucay. Y por allí vienen las presuntas vinculaciones con el caso Arroz Verde.

Consermin estuvo hasta 2016 trabajando en el mantenimiento de la mencionada carretera, que une Chimborazo y Guayas. La recepción definitiva de los trabajos es hoy materia de un conflicto legal entre la contratista y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

La constructora aparece en la lista de empresas aportantes que colaboraron con el pago de servicios para la campaña de Alianza PAIS entre 2013 y 2014, según la investigación periodística que destapó la trama.

Bajo un esquema de cruce de facturas, la compañía habría entregado $ 200.000, según las anotaciones con el detalle de las recaudaciones que llevaba Pamela Martínez, exasesora del entonces presidente Rafael Correa. Los aportes eran presuntamente gestionados por María de los Ángeles Duarte. Ambas exfuncionarias hoy son procesadas por los delitos de cohecho, tráfico de influencias y asociación ilícita.

Édgar Salas, a esa fecha gerente general de Consermin, había asegurado la entrega de $ 300.000, de acuerdo con lo revelado en el reporte periodístico. Martínez en un archivo de Excel había anotado: “aunque a Édgar Salas lo estoy presionando por 200.000 mas, cuando le pague liquidación vía Balbaneda Pallatanga” (sic).

Este Diario no pudo obtener un pronunciamiento de Salas, quien administró Consermin entre 1997 y 2016, según registros de la Superintendencia de Compañías.

Sobre lo denunciado, Ramiro Galarza, actual gerente general de Consermin, respondió a EXPRESO que es el representante legal desde agosto de 2016 y accionista mayoritario desde 2017. “Esto es tres años después de los hechos comentados, razón por la que no puedo pronunciarme por actos de la administración anterior”.

El empresario, que es señalado en la investigación penal por el contrato del tramo de acceso al puerto de Manta, argumenta que el informe de la Contraloría “contiene imprecisiones técnicas, administrativas y no reflejan la realidad de la ejecución del proyecto”. Según él, dicha auditoría “no estableció hechos, observaciones o consideraciones que, respecto de Consermin S. A., pudieran determinar la existencia de algún indicio de responsabilidad penal”.

La Fiscalía también citó por este caso a Pablo Ortiz Hidalgo, exgerente general de Ecuador Estratégico; a Carlos Bernal, exsecretario técnico del Comité de Reconstrucción; y a José Martínez Dobronsky y Andrés de la Vega, exdelegados ministeriales de ese comité.

La actual administración de Ecuador Estratégico EP indicó a EXPRESO que ha dado autorización a sus abogados para colaborar en la investigación iniciada. “En caso de que los organismos competentes establezcan responsabilidades penales contra exfuncionarios, la empresa, según el procedimiento correspondiente, presentará la acusación particular en contra de los presuntos infractores”, anticipó.

En su defensa, el organismo sostiene que la ejecución del proyecto se dio una vez que contó con dos cosas: el oficio de designación como ejecutor del proyecto por parte del secretario técnico del Comité de Reconstrucción, y la asignación de recursos por parte del Ministerio de Finanzas.

EL DETALLE

Exámenes. Al menos 12 auditorías a entidades públicas se cuentan entre las acciones de control al uso de los recursos para la reconstrucción.

Fuente: Expreso