Investigación a Galarza tiene contradicciones

Ana Galarza lucía relajada la mañana del jueves pasado. Sonreía y conversaba con sus colegas asambleístas Sebastián Palacios (SUMA) y Héctor Yépez (CREO). Ese mismo día, la comisión legislativa que la investigaba emitiría su pronunciamiento final sobre las denuncias en su contra.

La parlamentaria de CREO era indagada por supuestamente gestionar cargos públicos, cobros ilegales a sus asesores y por el mal uso de las credenciales de la Asamblea.

Según la integrante de la comisión, Amapola Naranjo, de la Revolución Ciudadana, el informe de la indagación estaba listo mucho antes de la reunión convocada y solo ella no sabía su contenido.

Los otros dos integrantes, Raúl Tello (Unidos por Pastaza) y Lourdes Cuesta, compañera de partido de Galarza, aprobaron el documento la noche del jueves 23 de enero.

Ellos recomendaron solo una sanción administrativa contra Galarza. Lo hicieron por el mal uso de las credenciales de su asesora, Carmen Alvarado, que era usada por el esposo de la legisladora.

Para los dos eso no justificaba su destitución sino solo una amonestación por escrito, una multa o una suspensión de máximo 30 días.

Pero en su investigación dejaron cabos sueltos. Uno de ellos es la denuncia que hiciera Lenín Rodríguez, exasistente de Galarza. Él presentó las actas de una reunión de la Cooperativa Flota Pelileo, donde Omar Mayorga, asesor de Galarza, funge como  presidente.

En el documento, Mayorga decía que gracias a las “influencias” de la legisladora de CREO con la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), su compañía no fue sancionada por un accidente que protagonizó uno de sus buses, con un muerto de por medio.  

La comisión no profundizó en esa denuncia porque los legisladores tienen prohibido interferir de cualquier forma en otros poderes del Estado.

¿Por qué en unos casos se investiga y en otros no?, se preguntó la asambleísta Amapola Naranjo.  

El legislador Fabricio Villamar, también de CREO, impulsó la destitución de Sofía Espín, de Revolución Ciudadana, hace dos meses, haciendo caso omiso de esa prohibición.

El presidente de la comisión, Raúl Tello, sostuvo que concentraron su trabajo en las pruebas que presentó el legislador Ronny Aleaga, de Revolución Ciudadana.

Él pedía la destitución por la presunta gestión de cargos públicos, el cobro de dineros a sus asesores y por el mal uso de la credencial. Para Tello no hubo evidencias de que Galarza haya gestionado un puesto público para Lenín Rodríguez, quien pasó de su despacho al de su coidearia, Jeannine Cruz.

En este punto existe otra contradicción. En noviembre, la legisladora Norma Vallejo, de Alianza PAIS, fue separada de su cargo por supuestamente ofrecer un puesto público, según una grabación.

La demanda fue impulsada por CREO, por el exlegislador Esteban Bernal. Él defendía que la sanción debía ejecutarse aunque no se haya concretado la gestión del cargo.

Para él, valía la palabra del excolaborador de Vallejo que declaró esas gestiones ante la comisión, de la cual era parte Ana Galarza. Lenín Rodríguez testificó lo mismo ante la Comisión, pero su criterio no fue acogido en la mesa de trabajo.

Según Cuesta, esa versión no se sostuvo porque Jeannine Cruz envió un acta notarizada donde recalcaba que Galarza no intervino en su decisión para contratar a Lenín Rodríguez. Otro cargo que quedó en el limbo fue el supuesto cobro a los asesores Omar Mayorga, Carmen Alvarado, Marcelo Rosero y Lenín Rodríguez.

Para la comisión no hay evidencias de que el esposo de Galarza recibiera esos dineros porque él no tiene cuentas bancarias desde que se declaró en quiebra. Tampoco se verificó si los asesores incumplieron sus funciones. No hubo un peritaje para definir si las rúbricas de Omar Mayorga y Carmen Alvarado les pertenecían o fueron falsificadas.

Para los comisionados Tello y Cuesta, esa verificación no estaba en sus facultades y dejan eso a la Fiscalía. Allí Galarza afronta una indagación previa que aún puede complicar su futuro. (I)

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