Pensiones vitalicias para expresidentes y exvicepresidentes se analizan en dos frentes

El debate por las pensiones vitalicias para expresidentes y exvicepresidentes del país retoma protagonismo. Que se eliminen o se restrinjan forma parte de las propuestas que ya se lanzan en dos frentes: en el Legislativo y en el Consejo Nacional Electoral (CNE), por iniciativa ciudadana.

Tras la renuncia de María Alejandra Vicuña a la segunda magistratura del país, representantes sociales y barriales de Guayaquil decidieron hacer su propuesta de Ley. Ayer, ellos acudieron a la Delegación Electoral del Guayas para plantear que a través de iniciativa popular normativa se eliminen los artículos 135 y 136 de la Ley Orgánica del Servicio Público (Losep).

Joba Fon Fay encabezó una comitiva del Observatorio Ciudadano. Ella solicitó en el ente electoral la entrega de formularios para el proceso de recolección de firmas que avalen la propuesta para que se presente ante la Asamblea. Se necesita al menos el 0,25 % de rúbricas correspondientes a ciudadanos que votaron en las últimas elecciones.

Fon Fay argumentó que, dada la complejidad económica, el país no se puede permitir la entrega del 75% del último sueldo que recibieron los exmandatarios, según el artículo 135 de la Losep. Por ejemplo, el sueldo del Presidente es de USD 5 635, y la pensión para los exmandatarios es 4 226,25. Si el sueldo del Primer Mandatario se eleva, aumenta la pensión.

Mientras que el sueldo para el cargo de la Vicepresidencia es de USD 5 410 y la pensión es de 4 057,50. El artículo 136, en cambio, otorga el beneficio a los herederos legalmente reconocidos para que reciban los montos en caso de fallecimiento.

“Se trata de un principio de igualdad social (…) es inadmisible que se mantengan privilegios incluso cuando varios de los expresidentes han sido condenados o están siendo investigados por hechos de corrupción ”, dijo Fon Fay.

El tema también se analiza en la Legislatura. Al menos dos proyectos para modificar el pago de las pensiones han sido presentados. El primero es de autoría de la asambleísta de Creo, Ana Galarza; el segundo es propuesto por el independiente Eliseo Azuero.

Galarza afirmó que su proyecto establece una modificación al artículo 135 para que el presidente o vicepresidente pierdan ese beneficio en caso de ser sentenciados en instancia final por corrupción.

Aunque respaldó la iniciativa ciudadana presentada ayer, no es partidaria de una consulta popular por el costo que demanda. Cree que en el Legislativo hay voluntad política para revisar el tema. “El plan lo presentamos hace cuatro meses, creemos que no habrá mayor problema para que sea respaldado incluso por la Presidenta de la Asamblea”.

Eliseo Azuero, en cambio, considera que quienes hayan salido del cargo de forma deshonrosa no deben percibir este tipo de beneficios, y si los reciben sea después de cumplir los 65 años, “como todo jubilado”.

Cristina Reyes, del PSC, explicó que su bloque está a favor de evitar que quienes hayan sido sentenciados sean beneficiados. Ella aclaró que en el caso de Vicuña y en el de quien resulte elegido su sucesor, no tendrán derecho a la pensión vitalicia al no haber sido elegidos por votación popular.

Sin embargo, hay exvicepresidentes que sí reciben una pensión vitalicia reducida sin haber sido elegidos por votación popular. Entre ellos, están León Roldós y Alejandro Serrano, quienes perciben USD 2 400 mensuales.

“En el caso de expresidentes y exvicepresidentes como Fabián Alarcón o León Roldós que llegaron a esos cargos por otras vías, la pensión se mantiene porque esta disposición legal del artículo 135 de la Losep es del 2010, posterior a la finalización de sus mandatos”, puntualizó Reyes.

Roldós ocupó la Vicepresidencia entre junio de 1981 y agosto de 1984, tras haber sido elegido por el desaparecido Congreso tras la muerte del expresidente Jaime Roldós. En ese entonces, el compañero de fórmula, Osvaldo Hurtado, tuvo que dejar la segunda magistratura para asumir la Presidencia.“Si me preguntan a mí si se me reduce la pensión, a pesar de que es un derecho establecido, yo no quiero realmente ponerme a discutir ni a juzgar a los demás. Cada uno es libre de pensar lo que quiera”, opinó Roldós.

Mientras, en otras bancadas como Alianza País e independientes coinciden en que la pensión debe ser solo para los mandatarios que hayan sido elegidos democráticamente y que terminen su período sin problemas.

Fuente:  ElComercio.com