Política

Al Consejo Transitorio le toca enfrentar lo jurídico y político

El Consejo de Participación Ciudadana Transitorio tendrá que litigar jurídica y políticamente por sus acciones dentro del proceso de evaluación de las autoridades de control.

En la Corte Constitucional (CC) existen dos acciones para que se aclaren las atribuciones asignadas en la consulta popular del 4 de febrero pasado al Consejo Transitorio presidido por Julio César Trujillo: una acción de inconstitucionalidad planteada por el ciudadano Andrés Pasquel, y la segunda, por el Consejo de la Judicatura.

En la Asamblea Nacional hay una resolución planteada desde Alianza PAIS, para que también se consulte a la Corte sobre las facultades del Consejo; a más de ello, se debate si pedir explicaciones sobre las designaciones hechas por el organismo al encargar la Fiscalía General, la Defensoría del Pueblo y la Superintendencia de Economía Popular, cuyas autoridades se posesionaron en el Consejo y no ante la Asamblea.

Una tercera acción que enfrenta la CC son las medidas cautelares admitidas por el juez de Balsas, Eleuterio Aguilar, que dejó sin efecto la medida adoptada por el CPC, que suspendió el concurso para designar fiscales provinciales.

En la Asamblea existen dos posiciones definidas frente al accionar del ente transitorio. El sector de AP y los disidentes que forman la bancada de la Revolución Ciudadana señalan que se debe analizar y pedir cuentas respecto a las últimas designaciones; en tanto que los sectores de oposición, como el PSC, CREO y BIN, consideran que el Consejo actúa dentro del mandato popular.

En lo que todos coinciden es que el Consejo está sujeto a fiscalización y se activará cuando se observe si hay una violación a norma o Constitución; y además está abierta la puerta para el control de constitucionalidad en lo que sea pertinente de sus actos.

El constitucionalista Santiago Guarderas señala que el Consejo tiene potestad para dictar normas de carácter general, y estas no pueden estar en contra de la Constitución. Para él, las acciones presentadas ante la CC no cumplen con los requisitos previstos en la Ley que rige ese organismo, y afirma que la pretensión es obstruir el trabajo del Consejo.

El socialcristiano Vicente Taiano afirma que el Consejo Transitorio está facultado para evaluar y en función de eso remover del cargo a quien considere de manera fundamentada; y la consecuencia de aquello es preparar el concurso para nominar la autoridad que ocupará el cargo de manera definitiva.

En cuanto a la posesión de los encargados, no ve una abrogación de funciones, porque se trata de un encargo temporal y no una posesión definitiva.

Para el legislador Franklin Samaniego (RC), el Consejo tiene la atribución de evaluar a las autoridades, reemplazarlas, pero no se ha determinado si puede dejar de lado procesos de selección como los realizados por el Consejo de la Judicatura para fiscales. Por ello, cree que el Consejo se ha extralimitado, pues se debe respetar la independencia de las funciones.

Este sector analizará las últimas decisiones y de ser necesario planteará la interpretación para dar más claridad a sus atribuciones.

En cambio, Roberto Gómez (CREO) considera que las funciones del Consejo constan en su ley y en los anexos aprobados en consulta; por lo tanto, nada distinto a eso se puede hacer. “Decirles a los ciudadanos con anterioridad de lo que van a hacer es algo sano; las resoluciones formales se toman en el pleno y se motivan en los instrumentos legales”, esto en alusión a lo dicho por Trujillo frente al accionar del presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh.

René Yandún (BIN) piensa que quienes están detrás de obstruir las acciones del Consejo son “aquellos que favorecieron a Rafael Correa”.

No tiene reparos a la posesión de autoridades temporales, pues las autoridades que deben surgir de los concursos y designaciones según la Ley deberán hacerlo ante la Asamblea Nacional.

Fuente: Diario El Universo

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