Ministra Alvarado llama a revisar sanciones de violencia contra la mujer y delitos de corrupción

En el marco del estudio de las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), la Comisión de Justicia y Estructura del Estado receptó varias propuestas por parte de las ministras de Salud, Verónica Espinosa y de Justicia, Rosana Alvarado.

A decir de Rosana Alvarado, es pertinente evaluar la aplicación y fundamentalmente los resultados del Código Penal a favor de la sociedad, a tres años de su vigencia. Consideró que es necesario analizar la dosimetría y proporcionalidad de la gravedad del delito con respecto a las sanciones y que los delitos de violencia contra la mujer, corrupción, tráfico ilícito de estupefacientes, enriquecimiento ilícito deben merecer una sanción más severa.

Comentó que excluyendo los delitos relacionados con el narcotráfico el mayor porcentaje de personas privadas de libertad (PPL) en Ecuador están procesadas o condenadas por delitos de robo: robo/ abigeato con violencia, de 5 a 7 años; robo/ abigeato con fuerza, de 3 a 5 años, mientras las personas condenadas por la forma más leve de enriquecimiento ilícito, tendrán una pena de 3 a 5 años (incremento patrimonial de 200 SBU) y los servidores públicos que cometan cohecho tendrán una pena de 3 a 5 años.

Reiteró que actualmente los delitos de pobreza (robos con violencia) son sancionados con privación de libertad de 5 a 7 años, en tanto los delitos de corrupción (enriquecimiento ilícito y cohecho) reciben una sanción de privación de libertad de 3 a 5 años.

Propuso que en la tipificación de las contravenciones de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, a más de la pena privativa de libertad se imponga obligatoriamente tratamiento médico, psicológico, capacitación, programa o curso educativo al infractor. También ampliar la lista de los actos que pueden configurar el tipo penal de violencia psicológica y eliminar el requerimiento actual de que los actos en cuestión “causen perjuicio en la salud mental” de la víctima.

En respuesta a la inquietud del asambleísta Luis Fernando Torres sobre la situación del vicepresidente Jorge Glas, Rosana Alvarado precisó que el mandatario no goza de privilegio alguno y que los comentarios de las redes sociales no se ajustan a la realidad. Un centro regional tiene mejores condiciones que la cárcel 4, enfatizó.

Enfermedades mentales, medicamentos falsificados

Por su parte, Verónica Espinosa Serrano propuso definir la situación de las personas que sufren enfermedades mentales y son privadas de su libertad por el cometimiento de algún delito, así como tipificar el delito por el caso de medicamentos caducados y falsificados, que ponen en riesgo la vida de la población.

Argumentó que una persona con síndrome de down o con discapacidad mental, antes que pasar a un encierro de por vida en un manicomio, puede entrar a estudio del Ministerio de Salud para una evaluación psicológica, de trabajo social, con acompañamiento de la justicia, para determinar su problema y darle una oportunidad de insertarlo en el entorno familiar.

Desde la Secretaría Técnica de Drogas se planteó una sanción con pena de privación de la libertad de 10 a 13 años para el que oferte, almacene, intermedie, distribuya, compre, venda, envíe, transporte, comercialice, importe, exporte, tenga, posea o en general efectúe tráfico ilícito de sustancias estupefacientes, psicotrópicas o preparados que las contengan, usando para ello a niñas, niños o adolescentes, o si dichas sustancias se venden, distribuyen o entregan a niñas, niños o adolescentes para su consumo. /Asamblea