Política

El Ejecutivo busca protección integral de menores de edad

Primero ocurrió en Quito y ahora en Guayaquil. El abuso sexual perpetrado en contra de escolares ha conmocionado al país y ahora este tema es parte de la consulta popular. La idea del presidente Lenín Moreno es que el país se pronuncie si está de acuerdo o no con que “nunca prescriban los delitos sexuales en contra de niñas, niños y adolescentes”.

De acuerdo al Código Penal del 2014 (art. 417, numeral 3), esos delitos se extinguen en el mismo tiempo de la pena máxima del delito cometido. La condena más alta por la violación a una menor de 10 años es de 22 años. En los anexos de la consulta, el Ejecutivo menciona al menos 10 normas internacionales, así como la Constitución del 2008, para decir que la intención es garantizar “una óptima protección” de los menores y que el Estado y la sociedad delimiten las acciones para ello.

Entre el 2012 y 2016, las autoridades han reportado 343 denuncias por delitos sexuales cometidos en el sistema educativo o detectados allí. Este fenómeno incluso fue analizado por el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas (ONU). En su informe final, publicado el 28 de noviembre del 2016, el organismo reiteró su “consternación ante la persistencia de casos de abuso y violencia sexual a menores en centros educativos del Ecuador”. Por eso instó al Estado para que continuara “adoptando medidas necesarias para prevenir y eliminar los casos”.

El COIP tiene 12 artículos que castigan los delitos sexuales. Allí aparecen, por ejemplo, el abuso, acoso, violación, etc. El 13 de febrero ya llegó una propuesta a la Asamblea para reformar la norma y se planteó que la acción penal cometida contra menores de 18 años prescriba en 40 años. El presidente Moreno quiere ir más allá de esta propuesta y en los anexos dice que de resultar favorable el planteamiento “se debería, en primer lugar, realizar una enmienda constitucional, que habría de incluirse dentro del artículo 46 de la Constitución”.

En ese artículo se dice que el Estado dará “protección y atención (a los menores) contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o de cualquier otra índole”. El penalista Álvaro Román dice que este tipo de preguntas no debería incluirse en una consulta. “Esto se vuelve en una pregunta emocional. ¿Quién no va a querer que no prescriba el delito? Pero no tenemos estudios serios que determinen realmente si es que se debe aplicar esa medida tan grave.

Una reforma penal no se hace en base a consultas populares, sino a estudios serios de política criminal. Eso no hay”. La jurista Gissela Vaca advierte que la iniciativa del Gobierno es correcta y “debe ser apoyada, pues actualmente las víctimas cuando denuncian, el delito ya ha prescrito”. En la propuesta que llegó a la Asamblea en febrer se dice que hay una “baja tasa de denuncias” y se indica que no recurren a las oficinas judiciales, por la “experiencia negativa y traumática que para muchas víctimas representa su contacto” con las autoridades.

“Hay abundantes estudios sobre las razones por las cuales la mayor parte de las personas no denuncia y, en menor medida, sobre los motivos por los que la mayoría de ellas no acude a los servicios de apoyo”, se lee en ese documento. Según la Fiscalía, en el primer trimestre del 2017 se han reportado 226 denuncias de violación a menores en el país.

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