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Pocos días le quedan a Fiscalía para recabar elementos que refuercen su acusación por delincuencia organizada

Informes con pericias oculares y reconocimiento de lugares, solicitud de pericias contables, realización de análisis para la transcripción de información contenida en dispositivos, versiones y ampliaciones de versión… son las diligencias que adelanta la Fiscalía en el caso por delincuencia organizada relacionado con el hospital de Pedernales al que le restan menos de catorce días de instrucción fiscal.

El viernes último amplió por cuarta vez su versión el exasambleísta por Manabí y uno de los 19 procesados Daniel Mendoza, así como también testificaron por primera ocasión su padre y su hermano.

Los dos últimos respaldaron los dicho por el exlegislador en el sentido de que Mendoza, antes de ser detenido por la Policía en este proceso, les entregó tres dispositivos (un celular, una grabadora de voz y un pendrive) para que lo entregaran en su momento a la Fiscalía, a través de su abogada, Gabriela Moreira.

En sus versiones dieron detalles como que Mendoza quería entregarse voluntariamente, que el entonces legislador habría recibido una llamada de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, quien supuestamente le dijo que había una orden de detención contra él, o que por pedido del legislador, su hermano bajó los audios de la grabadora de voz, los subió en la plataforma Megan.z, puso nombres como ‘La Verdad’, al audio más grande, o ‘La Llamada’, al audio más corto, y no guardó ningún archivo, así como tampoco guardó ninguna copia de esos audios.

Ese mismo viernes, Mendoza en su ampliación negó que él, su familia o su abogada filtraron información que estaba en los dispositivos entregados por él a la Fiscalía.

Además aseguró que un «diagrama bastante elaborado y visual», que circuló en redes sociales, no fue creado por él o esté en el celular que entregó y es parte del proceso, aunque sí reconoció que en pendrive entregado existe una «especie de distribución política, una ayuda memoria» para él, hecha a base de información que por diferentes medios es de pleno conocimiento público.

El diagrama referido tiene que ver con uno en el que aparecían los nombres de varios asambleístas a quienes supuestamente se les habría entregado hospitales a nivel nacional y en el centro de ese documento se le colocaba a la ministra de Gobierno, María Paula Romo, y otros funcionarios. Además existían capturas de pantalla de supuestos chats de wasap entre Romo y Mendoza.

El también procesado René Tamayo, exdirector del Servicio de Contratación de Obras (Secob), amplió su versión el pasado viernes e insistió en que no fue beneficiario de dinero alguno en este caso, que siempre actuó de buena fe y que fue utilizado por el ahora exasambleísta y coprocesado Eliseo Azuero, quien actualmente es considerado como prófugo de la justicia.

En su ampliación recordó Tamayo una reunión que habría mantenido en la casa de Azuero, en el Valle de los Chillos, para tratar los pedidos que le hacían de contratación de personas en el Secob.

Según él, al ingreso a la urbanización donde vivía Azuero lo esperó el asesor de Mendoza, Jean Carlos Benavides, también procesado en esta causa, para darle una maleta que debía ser entregada al primero. Tamayo explicó a la Fiscalía que él asumió que lo que había en la maleta eran carpetas de personas que le pedían sean contratadas en el Secob.

Tamayo señaló que entregó la maleta a Azuero y le indicó que era difícil poner gente en el Secob. Una vez que él pidió que se le entreguen las carpetas para ver la posibilidad de contratarlos, Azuero abrió la maleta y el exdirector del Secob pudo observar dinero, que no sabía cuánto, ni su procedencia, junto a carpetas. (I)

Fuente: El Universo

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