Abogados de la organización humanitaria Cristosal presentaron este miércoles ante la Fiscalía General de la República (FGR) un aviso para que se investigue al viceministro de Justicia y Seguridad Pública y director general de Centros Penales, Osiris Luna, así como a otros funcionarios del Gobierno de El Salvador por el posible cometimiento de delitos.
El aviso se basa en publicaciones del medio digital El Faro y del periódico El Diario de Hoy (EDH) de abril de 2023 en las que se señala “la utilización de reos en fase de confianza y maquinaria de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) para la construcción de un rancho de playa de una amiga de la madre de Luna”.
Según la información de los medios, “una parte del terreno en construcción pertenece al Instituto Salvadoreño de Transformación Agropecuaria (ISTA)”.
“Venimos justamente por la obligación constitucional que tiene la FGR de investigar, en primer lugar, sobre la transferencia de inmuebles del ISTA a particulares sin el debido proceso”, explicó a periodistas Ruth Eleonora López, jefa jurídica y anticorrupción de Cristosal. Aseguró que solicitaron información al ISTA y a la Dirección General de Centros Penales, pero fue declarada como reservada.
López apuntó que también se pidió que se investigue a “altos funcionarios del Gobierno”, como el presidente del ANDA, Rubén Alemán, por “posibles actos de involucramiento en los hechos”.
Tras la publicación de la información de El Faro y EDH, ANDA anunció la construcción de una planta desalinizadora en el referido lugar, pero -según López- “en este momento la construcción está en abandono”.
Los abogados de Cristosal también pidieron al Ministerio Público que se investigue el “abuso de poder” por parte de Luna para “la creación de plazas de trabajo fantasmas (inexistentes) en Centro Penales”.
En tanto, López recordó que hace dos años denunciaron ante la FGR y la Corte de Cuentas de la República (CCR) el supuesto desvío de alimentos comprados por el Gobierno de Nayib Bukele y destinados para las personas afectadas por la pandemia. En ese caso, estarían presuntamente involucrados María Chichilco, ministra de Desarrollo Local, Franklin Castro, exviceministro de Gobernación y Luna.
La abogada señaló que a la fecha “no hay respuesta a esta solicitud y advertimos que la Fiscalía lo que está produciendo en el sistema de Justicia es impunidad”.
Luna fue uno de los señalados en 2021 por el Departamento de Estado de EE. UU. en su lista de 55 supuestos “actores corruptos y antidemocráticos” centroamericanos.
Fuente: dw.com