El presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, Fernando Villavicencio, pidió a la Fiscalía General del Estado que inicie una investigación penal en contra de la asambleísta, Mireya Pazmiño, separada del bloque Pachakutik, por presunto delito penal de falsificación y uso de documento falso y tráfico de influencias en la elaboración y aprobación del informe respecto a la situación de la empresa pública Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec EP).
Pazmiño, junto a otros tres legisladores, solicitó el juicio político al presidente de la República, Guillermo Lasso, acusándolo de presunto peculado en un contrato suscrito en el 2018 con una adenda en el 2020, entre Flopec y Amazonas Tanker.
A más de Pazmiño, en la denuncia presentada ante la Fiscalía General, se solicita investigar a Mario Naranjo Borja, Wilson Naranjo Borja, Galo Garzón Játiva y Jaime Condoy Blacio, quienes habrían presenciado la infracción o que pueden tener conocimiento.
La infracción penal tiene relación al hecho de que el informe sobre la situación de Flopec EP, que se aprobó con cinco votos en la Comisión de Régimen Económico que preside Mireya Pazmiño, habría sido elaborado por personas externas a la Asamblea Nacional, por técnicos vinculados a Amazonas Tanker y Andes Tanker, advirtió Villavicencio.
Ese informe, según el testimonio de la ex secretaria relatora de la Comisión de Régimen Económico, Andrea Poveda Camacho, fue remitido por Mario Naranjo Borja, hermano de Wilson Naranjo Borja, ambos accionistas de la constructora Ares, conjuntamente con el extinto ex ministro de Energía, José Augusto Briones, en el gobierno de Lenin Moreno, que a su vez se encuentra relacionada con la entrega de sobornos en el caso “Las Torres” y en el caso “Gunvor”, vinculado a los hermanos Antonio y Enrique Peré, que son procesados y fungen como delatores dentro del juicio federal en la Corte de Nueva York.
El caso Flopec y el contrato suscrito con Amazonas Tanker Pool, forma parte del juicio político en contra del presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, por supuesto peculado. Y el informe elaborado por la Comisión de Régimen Económico fue incorporado como prueba de descargo por parte de la defensa del primer mandatario.
Según los acusadores del presidente Lasso, el presunto cometimiento de peculado se prueba en hechos ocurridos en Flopec EP, concretamente en la adenda del 10 de marzo de 2020, de un contrato que originalmente se suscribió en diciembre de 2018 con la empresa Dragun USA LLP.
Con la modificación de marzo de 2020, el acuerdo comercial pasó a llamarse Amazonas Tanker Pool, es decir, cambió de modalidad asociativa. La acusación contra el Presidente Guillermo Lasso, se sustenta, además, en un informe de la Contraloría General del Estado, aprobado el 5 de noviembre de 2021, que un perjuicio de $6,1 millones para la empresa pública Flopec.
La asambleísta Mireya Pazmiño (antes del bloque Pachakutik), es crítica del contrato con Amazonas Tankers por considerarlo perjudicial para el Estado. Sin embargo, esa posición dista mucho de la que tenía meses atrás, cuando prácticamente defendía el acuerdo de Flopec con Amazonas Tankers.
Por esta contradicción, el abogado del presidente de la República y el asambleísta Fernando Villavicencio solicitaron que se incluya como prueba de descargo y de oficio, respectivamente, dentro del proceso de juicio político el informe denominado “Informe No Vinculante sobre la situación actual de la Empresa Pública Flota Petrolera Ecuatoriana –EP FLOPEC” aprobado en sesión ordinaria No. 134, de 31 de octubre de 2022, por la Comisión de Régimen Económico y Tributario de la que la legisladora Mireya Pazmiño es presidenta.
El informe cuestiona las administraciones de los exgerentes de Flopec, Pilar Ferri y Johnny Estupiñán, a este último, incluso lo señala por su decisión unilateral de abandonar el contrato con Amazonas Tankers.
Estupiñán y una carta que dirigió en marzo de 2022, al presidente de la República, Guillermo Lasso, defendiendo su gestión y la decisión de dejar Amazonas, son hoy parte de las pruebas que sustentan la acusación de los legisladores: Mireya Pazmiño, Viviana Veloz, Pedro Zapata y Rodrigo Fajardo.
En la conclusión 15, por su parte, se detecta una gravísima omisión por parte de la Comisión de Régimen Económico y su presidenta Mireya Pazmiño, relata la denuncia, porque el informe de Contraloría del Estado establece un perjuicio de $6.1 millones, pero la que la legisladora acusada, no tomó en cuenta la conclusión del informe de la Contraloría de noviembre de 2021, donde se señala que la adenda que cambió la modalidad asociativa de acuerdo comercial con Dragon USA LLP a Amazonas Tanker Pool Company LLC, se realizó sin que previamente se cuente con informes técnicos, financieros y legales.
Hechos de infracción penal
Según la denuncia presentada en Fiscalía, la asambleísta Mireya Pazmiño, prevaliéndose de su cargo como legisladora mediante la elaboración de dicho informe, presuntamente habría ejercido influencia en servidores de Flopec EP, para obtener un acto o resolución favorable a sus intereses y de terceros, como se presumiría que son a favor de su asesor legislativo, Mario Naranjo.
El informe al que se refiere la ex secretaria relatora, Andrea Poveda Camacho, fue remitido en formato word a través del sistema Zimbra, pero al revisar la sección de propiedades del computador se determinó que el documento fue elaborado en el computador de Isaac Garzón Méndez, hijo menor de edad de Galo Garzón Játiva, exjefe de administración de contratos de comercio internacional de la empresa pública Petroecuador.
Por este hecho, el denunciante Villavicencio, presume la existencia de posibles negociaciones entre las empresas públicas Flopec y Petroecuador, “mismos que fueron defendidos por la asambleísta Mireya Pazmiño, quien en muchas ocasiones aplaudió y aupó la correcta ejecución de estos y que aparentemente benefician al Ecuador”.
En la denuncia se señala que Mario Naranjo Borja, trabajó como asesor nivel 2 para la asambleísta, Mireya Pazmiño, desde abril a diciembre de 2022, razón por la cual existe un vínculo entre el despacho de la legisladora con su hermano Wilson Naranjo, quien se encuentra acusado del delito de cohecho en la red de corrupción de Nilsen Arias y varias empresas de papel domiciliadas en e extranjero.
Fuente: El Universo