Pequeños y medianos deudores de la banca pública vuelven a pedir condonación de deudas de hasta $ 10.000, pero ahora a través de un proyecto de ley que ellos diseñaron

Los acuerdos alcanzados, en las últimas semanas de julio, entre el Gobierno nacional y la dirigencia indígena durante la mesa de diálogo sobre la banca pública y privada continúan generando reacciones. Esta vez fue el turno de los pequeños y medianos agricultores de la Costa.

Decenas de productores, miembros del Pacto Social por el Agro y la Patria Unidos contra el hambre y la corrupción, se concentraron este lunes en los bajos del Gobierno Zonal, en Guayaquil, para rechazar el monto máximo de $ 3.000 para condonación de deudas con el que se cerró la mesa de diálogo el pasado 18 de julio.

No es la primera vez que este movimiento expone pedidos al Ejecutivo. Durante el paro nacional, por ejemplo, mostró su apoyo al ministro de Agricultura y Ganadería, Bernardo Manzano, pero exigió al Gobierno el incremento de las asignaciones presupuestarias para esa cartera de Estado. Asimismo, antes del cierre de la mesa de diálogo de la banca pública y privada, ya habían hecho público su pedido de la condonación de deudas por un valor superior al que luego se acordó.

Abel Navas, coordinador del movimiento, reclamó que el monto es insuficiente y contrario a la actual situación de los pequeños y medianos agricultores deudores de la banca pública (BNF en liquidación, BanEcuador y la Corporación Financiera Nacional). Reclamó además que los representantes de la dirigencia indígena no consultaron los detalles del acuerdo con los deudores de la banca pública.

El dirigente aseguró que los agricultores diseñaron un proyecto de ley de emergencia económica que entregarán al presidente de la República, Guillermo Lasso, para que lo remita a la Asamblea Nacional para su aprobación y puesta en vigencia en un lapso de 30 días, que busca la condonación de las deudas vencidas declaradas de plazo vencido de montos de hasta $ 10.000, lo que incluiría capitales, intereses normales, intereses de moras y honorarios de abogados.

Abel Navas, coordinador del Pacto Social por el Agro y la Patria Unidos contra el hambre y la corrupción, mostró el proyecto de ley que busca la condonación de deudas de hasta $ 10.000 y la restructuración de las de $ 10.001 hasta los $ 50.000. Foto: Peter Tavra Franco

Este proyecto, denominado Ley de Condonación de Deudas de los Pequeños y Medianos Deudores del Sector Agrícola, Pecuario, Pesquero Artesanal y la Agroindustria, según explicó Navas, se enmarca con base en los artículos 156 y 207, numeral 1, de la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y la Sostenibilidad Fiscal, en vigencia desde el 29 de noviembre de 2021.

“Los deudores que se beneficien de la presente ley tendrán un plazo de 180 días contados a partir de la publicación en el Registro Oficial. El trámite será mediante la presentación de una petición por escrito en la que se harán constar las tablas de amortización de sus deudas”, explicó Navas, quien añadió que el proyecto también señala que el BNF en liquidación, el BanEcuador y la CFN suspenderán las acciones coactivas seguidas a los deudores durante 180 días y que los pequeños y medianos productores beneficiados dejarán de constar en la Central de Riesgo de la Superintendencia de Bancos como clientes morosos y no se afectará su buró de crédito para la obtención de financiamiento en el sistema financiero público, privado y de la Economía Popular y Solidaria.

La normativa sugerida por los productores incorpora además que las deudas de $ 10.001 hasta $ 50.000 sean reestructuradas al 1 % de interés anual con un plazo de hasta 30 años; y sus intereses normales, de moras, comisiones, honorarios de abogados y gastos sociales, sean condonados y también dejarán de constar en la Central de Riesgo de la Superintendencia de Bancos.

“Este proyecto de ley lo hemos hecho recogiendo las demandas de los pequeños y medianos deudores, principalmente de la Costa ecuatoriana, tomando como referencia lo que establecen la Constitución y las leyes; y estamos seguros de que su aprobación por parte del Ejecutivo y Legislativo hará justicia al sector que alimenta con sus productos al pueblo ecuatoriano y propiciará su rehabilitación y, por ende, sus economías y el mejoramiento de sus condiciones de vida”, concluyó Navas.

Fuente: El Universo

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