La Justicia de Perú rechazó este miércoles cinco recursos de apelación presentados por el expresidente Pedro Castillo, entre los que se incluyen aquellos con los que solicitaba anular la orden de prisión preventiva que pesa en su contra por el fallido autogolpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.
“El Poder Judicial rechazó los cinco recursos de apelación interpuestos en el marco de los procesos de investigación por los delitos de rebelión y organización criminal contra el expresidente de la República, Pedro Castillo Terrones”, informó la institución en la red social X.
Detalló que el colegiado de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema decidió, por unanimidad, declarar infundadas las apelaciones del exmandatario con las cuales pretendía la revisión del plazo de su prisión preventiva y la excepción de improcedencia de acción por el delito de rebelión.
El 12 de enero, el Ministerio Público solicitó que se le impongan 34 años de prisión por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública por su fallido autogolpe de Estado.
Y en este sentido, el colegiado también rechazó la tutela de derechos solicitada por la defensa del exmandatario, Eduardo Pachas, que argumentó en la correspondiente audiencia que la acusación fiscal sobre la responsabilidad de Castillo en el delito de rebelión, contiene ambigüedades e imprecisiones.
“Una cortina de humo”
En dicha cita judicial, celebrada el 18 de enero, Castillo reiteró, como en las diversas audiencias en las que ha participado en los últimos meses, que tras pronunciar el mensaje del 7 de diciembre de 2022 no fue detenido en flagrancia ni intentó fugarse y aseguró que fue arrestado arbitrariamente “con fusil en mano”.
También, sostuvo que la acusación que ha presentado la Fiscalía en su contra es “una cortina de humo”.
Castillo cumple una orden de prisión preventiva por 18 meses por los sucesos del fallido autogolpe de Estado, así como otros 36 meses de prisión preventiva mientras es investigado por presuntamente haber liderado una red corrupta en el Ejecutivo.
El 7 de diciembre de 2022, el entonces gobernante anunció en un mensaje televisado el cierre del Parlamento, la reorganización del sistema de justicia y la instalación de un Ejecutivo de emergencia que iba gobernar por decreto.
Sin embargo, poco después fue destituido por el Congreso y, posteriormente, arrestado por su propia escolta, que lo entregó a la Policía Nacional.
Tras su destitución, el Congreso tomó juramento como jefa de Estado a Dina Boluarte, quien asumió el cargo por sucesión constitucional ya que era la vicepresidenta de Castillo.
Fuente: dw.com