La decisión del asambleísta del correísmo Ferdinand Álvarez de retirar el pedido de juicio político contra el procurador General del Estado, Íñigo Salvador, no es procedente.
Así se desprende de un memorando remitido por el coordinador general de la Asesoría Jurídica de la Asamblea, Santiago Salazar, a la Comisión de Fiscalización este lunes 21 de marzo de 2022.
“Es preciso aclarar que ni la Constitución ni la Ley Orgánica de la Función Legislativa contemplan la posibilidad o figura de retiro de juicio político por parte del solicitante”, dice el documento.
Agrega que le corresponde a la Comisión de Fiscalización “avocar conocimiento de la solicitud y verificar que cumpla los requisitos” para ser tramitado.
Así, la Comisión deberá decidir si recomienda el archivo por falta de cumplimiento de requisitos formales o si amerita el juicio político o el archivo, para resolución del Pleno.
El presidente de la mesa, Fernando Villavicencio, convocó para las 16:00 de este lunes 21 de marzo de 2022 a los comisionados para conocer y calificar la solicitud.
“Nosotros tenemos que avocar conocimiento, iniciar el proceso de sustanciación del juicio político con todos los plazos y si no hay interpelante nosotros sustanciaremos el proceso de oficio, la Comisión lo puede hacer”, expresó.
Queja contra interpelante
Además, Villavicencio anunció que pondrá a consideración del Consejo de Administración de la Legislatura y del Comité de Ética “esta actitud del legislador Álvarez, quien utiliza el juicio político como un instrumento de desestabilización y chantaje”.
“Un legislador no puede retirar un juicio político. Imagínese lo que significa si un legislador tiene conocimiento de un caso de corrupción, de la noche a la mañana viene y retire la acusación”, sostuvo.
La intención de Álvarez era allanar el camino para un juicio político a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), organismo encargado de nombrar autoridades de control.
Entre las causales para el juicio político al Procurador, argumentó un incumplimiento de funciones en la defensa del Estado ante tribunales arbitrales internacionales.
“El oficio con el que anuncia el retiro del juicio deja al descubierto al correísmo que lo único que busca es tomar el control del Consejo de Participación para gobernar desde allí sin haber ganado las elecciones”, señaló Villavicencio.
Otros pendientes
Antes los dos pedidos de interpelación contra el Cpccs, Fiscalización deberá decidir también las solicitudes de juicio político al Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Consejo de la Judicatura.
Según Ricardo Vanegas, asambleísta de Pachakutik, no será necesario retirar el proceso que impulsa su bancada contra el CNE.
“El juicio político planteado contra los consejeros del CNE no puede ser sustanciado por la Comisión de Fiscalización por estar en año electoral y gozar de inmunidad los consejeros. Así que se viene el juicio a los vocales de la Judicatura salvo que se retire ese juicio”, señaló.
Fuente: El Comercio