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Paúl Granda da cuenta de oficios donde avisó de corrupción en convenios de pago del IESS

Paúl Granda, quien hasta el 1 de abril era presidente del directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), hoy es procesado por delincuencia organizada para la venta de insumos médicos, una investigación en la que están involucrados los hermanos Michell, Jacobo y Dalo Bucaram Pulley, además de los hermanos Daniel y Noé Salcedo Bonilla.

A Granda se lo involucra en la trama de corrupción por supuestamente haber visitado un edificio donde se presume que se daban reuniones para ultimar detalles de los contratos y convenios de pago con sobreprecio que eran otorgados a grupos de empresarios.

Sin embargo, Granda se defiende. Dice que en su contra no hay más que su nombre escrito en una bitácora y destaca que él mismo denunció un año antes las irregularidades en los contratos del IESS.

Para eso cuenta con una carpeta donde ha recopilado informes, denuncias y sus versiones dadas a la Fiscalía.

En junio del 2019, cuando estaba en su cargo (de diciembre del 2018 hasta abril del 2020) Granda rindió una versión libre y voluntaria en la Fiscalía. En ella indica que se hizo en los primeros meses del 2019 un diagnóstico institucional y que un estudio de Contraloría encontró irregularidades, por lo que se removió al entonces gerente del hospital Teodoro Maldonado Carbo, Luis Jairala Z., quien hoy es procesado por actos de corrupción, y a otros funcionarios.

Granda sostiene en su versión que en junio del 2019 recibió un informe de una auditoría interna, en el que se analizaron cinco convenios suscritos entre abril y diciembre del año 2018 por un valor de $ 5,8 millones. En los convenios se detectó un sobreprecio del 108%, es decir 3 millones.

Entre los proveedores están José Luis Llerena Candela, el entonces cuñado de Jacobo Bucaram. Ambos procesados con Granda en el mismo caso.

Llerena suscribió un contrato por $ 782.000. Los auditores descubrieron que recién en el 2017 empezó a tributar.
En dicha auditoría se menciona también a un hombre de 26 años llamado Roswin Fernando A. J,, quien pese a su corta edad ya era un permanente proveedor del Estado y había celebrado 14 contratos desde el 2014.

Otra proveedora investigada es Rosa Cecibel G. L., quien suscribió un convenio de pago por $ 1,6 millones. Ese año por impuesto a la renta y salida de divisas canceló $ 11.000, pero en años anteriores su declaración de impuestos fue cero.

David Rolando C.F. es otro proveedor que suscribió un convenio por $ 366.000. Ese año pagó por impuesto a la renta 1.950 dólares. Antes nunca había pagado impuestos.

En el hospital del IESS Los Ceibos se investigó al proveedor Juan Carlos P. N., quien vendió en el 2018 insumos por un valor de 334.000 dólares.

La auditoría encontró un sobreprecio de 117.000 dólares, es decir, un incremento de 100% del valor de los insumos si se hubieran adquirido en un laboratorio.

Tras la salida del exgerente del HTMC se nombró a Ángel Loja Llanos, quien salió en abril del 2020, luego de que fuera detenido y vinculado al caso Mascarillas, el primero de los escándalos que se conoció por compras durante la emergencia. Se compró mascarillas N95 a $ 12 cada una. (I)

Fuente: El Universo

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