El legislador Paúl Buestán, representante por la provincia de Cañar, propuso un proyecto de ley reformatoria a dos artículos de la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP) con la finalidad de generar celeridad procesal.
La iniciativa modifica los artículos 90 y 91 de la LOSEP para ampliar el plazo del derecho a reclamar o demandar a favor de la o el servidor público, de noventa días a tres años, contados desde la fecha en que pudieron hacerse efectivos, salvo que tuvieran otro término especial para el efecto.
El proponente manifiestó que, “la demora procesal es un grave problema en la administración de justicia en el Ecuador y vulnera los derechos fundamentales a una tutela judicial efectiva y al principio de celeridad procesal que debe aplicarse por todos los órganos jurisdiccionales”.
En este marco, dijo que, “los conflictos laborales entre el Estado y sus servidores públicos, como terminación de contratos, supresión de partidas, entre otros, deben ser conocidos por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, para garantizar un trato igualitario entre servidores públicos y empleados sujetos a otras normativas laborales”.
La propuesta también recoge nueve disposiciones reformatorias al Código Orgánico General de Procesos en temas como la admisibilidad del recurso, sustanciación del mismo, efectos, así como modificaciones en los procedimientos contencioso administrativos, procedimiento sumario, entre otros.
Para concluir, el legislador afirmó que la aplicación del criterio de celeridad procesal exige un compromiso, que permita a los servidores públicos acceder a una justicia pronta y eficiente.
