Tras la aprobación del proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Comunicación se espera el pronunciamiento del Ejecutivo. Este poder del Estado tiene 30 días para presentar sus observaciones. Mientras tanto, organizaciones como Participación Ciudadana (PC) y Fundamedios advierten que esta norma podría implicar el retorno de una ley mordaza como se la llamó en el correísmo.
Otras organizaciones e instituciones como la Federación Nacional de Periodistas (Fenape), la Red de Periodistas Libres y el Consejo de Regulación de la Comunicación también han criticado el proyecto. La primera, al igual que PC y Fundamedios piden al presidente Guillermo Lasso que vete totalmente la ley.
Participación Ciudadana ya había advertido sobre graves riesgos respecto de la libertad de expresión y de prensa. Se criminaliza o cierra la posibilidad de la libre opinión, entre otras cosas, señala su directora ejecutiva, Ruth Hidalgo, quien además es decana de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad de las Américas (UDLA).
¿Un retroceso?
“La libertad de expresión hace parte necesaria de la democracia plena. Por lo tanto, la prensa libre y la posibilidad de opinar libremente, e incluso criticar desde la prensa al poder, es importantísimo y hace parte de la democracia y la fortalece”, señala Hidalgo.
Ella señala que el proyecto aprobado en la Asamblea es similar a la ley mordaza, que fue como se llamó a la norma durante el gobierno de Rafael Correa. “Si esa ley si llega a ser parte de la legislación ecuatoriana estaríamos retrocediendo significativamente, no solo en términos de democracia, sobre todo en ejercer la libertad de expresión y de prensa”.
Para César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios, también habría un retroceso. Esto, debido a que la ley implicaría revertir las reformas del 2018 y retornar “a la ley correísta más dura, la llamada ley mordaza. Porque vuelve a introducirse un sistema sancionatorio en contra de medios de comunicación y periodistas“, señala.
Ricaurte señala que lo que se eliminó en el 2018 era la posibilidad de que el Estado sancione a medios de comunicación y periodistas, al considerar que alguna información, expresión u opinión era inconveniente o cuestionable por parte de quienes ejercen el Gobierno.
El móvil político
Hidalgo y Ricaurte coinciden en que una de las motivaciones de esta ley es la existencia de un revanchismo contra los medios. “Es evidente que lo que se persigue es volver a la misma lógica que se vivió en el correísmo. Tomemos en cuenta que la prensa libre es la peor enemiga de la corrupción“, dice la directora de Participación Ciudadana.
Ambos recuerdan que son los medios y periodistas los que han hablado de los casos de corrupción durante los gobiernos de Rafael Correa y su sucesor, Lenín Moreno. Ricaurte señala que, además, hay un afán de control. “Sienten que están a punto de retornar al poder y quieren tener una herramienta con la cual controlar a los medios de comunicación”.
Esos casos, dice Hidalgo, “no hubieran podido ser judicializados si la prensa libre no los hubiera puesto sobre la mesa. Por lo tanto, es bien peligroso que un texto como el que está construido sea llevado adelante”.
¿Qué ley necesita el país?
La directora de Participación Ciudadana dice que creen en la autorregulación de los medios. “Sus códigos deontológicos operan bastante bien. Podría ser una pequeña ley de 5 o 10 artículos, en la que se ratifique la libertad de expresión y de prensa”. Hidalgo señala que desde las visiones políticas autoritarias y afines a los procesos de impunidad se teme a la prensa libre.
Por su parte, Ricaurte identifica dos aspectos principales que debería tener una ley de comunicación en el país. El primero tiene que ver con la seguridad y protección a periodistas. Señala que en el paro nacional 242 de ellos fueron agredidos, por lo que, sostiene, el Estado no tiene un mecanismo de protección y de garantías de trabajo periodístico y cualquier reforma debería contemplar su creación.
También considera que es necesario discutir las formas de sostenibilidad para los medios. Esto, debido a que atraviesan una crisis, dice Ricaurte. “Sobreviven muy pocos medios consolidados y la mayoría afrontan serios problemas de sostenibilidad. Si realmente hubiera la intención de emitir una legislación que vaya en la línea de proteger derechos, de garantizar la libertad de los ciudadanos de informar y ser informados, el Estado debería pensar en una legislación en esa doble vía: protección a los periodistas y sostenibilidad de los medios”.
Fuente: El Comercio