El general en servicio pasivo Paco Moncayo es el actual consejero de Seguridad Nacional del gobierno de Guillermo Lasso. Explica que el artículo 3 del Decreto Ejecutivo 730 no debe causar incertidumbre por pedir al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) tomar estrictas previsiones de seguridad para el personal militar y policial que sean sometidos a procesos judiciales, ya que solo consiste en una medida de protección para casos en que jueces no opten por conceder medidas alternativas hasta que se dicte una sentencia absolutoria.
Además, destaca la voluntad y entusiasmo que ha encontrado en el Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe) para hacer frente al terrorismo que azota al país y que todos los actores involucrados deben tener el compromiso para lograr la paz en Ecuador, que sea atractivo a la inversión legítima y absolutamente hostil al crimen organizado.
En el Decreto 730 no se nombra a ninguna organización criminal y se entiende que lo que se combatirá son los actos terroristas, ¿cómo se van a diferenciar de la delincuencia común?
En el debate en el Cosepe con mucha razón se planteó un tema práctico. Si usted califica como terroristas a organizaciones, conociendo que el crimen organizado es muy flexible, muta, se transforma, cambia y mañana desaparecen todos los que ya estuvieron calificados como grupos terroristas y asoman otros. Me pareció muy inteligente la idea de que se especifiquen las acciones terroristas, porque puede ser terrorista una persona que cometa un acto de terror como puede ser una agrupación. Lo importante es que habiendo ya definido que el crimen organizado afecta a la estructura básica del Estado, a su soberanía, a su integridad territorial, esas acciones sean entendidas y calificadas como acciones terroristas.
¿Entonces cuál es la diferencia entre el delito común y la acción terrorista?
Voy a poner un ejemplo para esta diferencia, ayer asaltaron dos bancos, eso no es terrorismo, eso es delincuencia común. Hace poco asaltaron a una comunidad de pescadores en un operativo militar, eso es terrorismo. Es terrorismo cuando observamos, nuestros niños ven colgados en pasos a desnivel, cadáveres mutilados, esos son los actos de terrorismo, que buscan paralizar a la comunidad, al Estado, crear tensión y miedo, que la sociedad se congele y les dejen hacer su objetivo, el negocio, el dinero. Al crimen organizado no le importa combatir al Estado, mejor si lo puede cooptar, tratar de tener sus jueces, fiscales, militares, policías, alcaldes. Entonces tiene una capacidad de operar, recursos excepcionales y acciones de tal violencia que se diferencia grandemente de la delincuencia común.
El miércoles, en Guayaquil, dos presuntos delincuentes fueron abatidos por la policía, ¿eso dónde se ubica si no es considerado terrorismo?
Entendamos claramente la amenaza, crimen organizado es amenaza de alta intensidad, afecta a la propia estructura del Estado, y seguridad ciudadana es la convivencia en paz, en tranquilidad que requieren los ciudadanos y donde el alcalde tiene un papel fundamental. La delincuencia común también puede estar actuando con fusiles y pistolas y ahí la Policía tiene la capacidad plena, de acuerdo a la propia normativa, de operar con los recursos que disponga.
El artículo 3 del Decreto 730 ha generado controversia, ¿a qué se refieren al pedir al SNAI tomar estrictas previsiones de seguridad para el personal militar y policial que sean sometidos a procesos judiciales penales producto de operaciones militares y policiales antiterroristas?
Este artículo ha creado cierta incertidumbre en la población y quiero explicarlo con mucha claridad. El ministro de Defensa (Luis Lara) planteó que para casos excepcionales en que un policía, un militar puedan ser llamados a la justicia y recibir prisión preventiva, será necesario que tengan un tratamiento especial, de ser posible un sitio distinto, porque enviarlo a un pabellón común donde están los delincuentes, siendo por algo preventivo y que seguro va a recibir una sentencia absolutoria, es imposible, cómo vamos a enviarlos a estar junto con los criminales. Sabemos que el artículo 54 de la Ley que regula el uso de la fuerza establece la presunción de inocencia y garantiza el debido proceso, en ese mismo se establece que los jueces deberán preferir medidas alternativas a la prisión preventiva, pero ya se dio el caso del policía David Velasteguí a quien se le dio prisión preventiva. Lo que se está planteando es una medida excepcional de protección.
¿Entonces la prisión preventiva no sería en todos los casos?, y ¿ya se ha analizado a qué centros se los llevaría o cabe crear un centro para llevar solo a los uniformados?
El pedido del Ministerio de Defensa es que haya centros aparte, pero los juristas hicieron un análisis y constitucional y legalmente dijeron que no se pueden crear para determinados grupos, por eso estamos poniendo que en casos excepcionales de que sucediera esto y el juez no tomase en cuenta que debe aplicar medidas alternativas, en ese caso, queremos estar seguros de que nuestros policías y militares no vayan a ser enviados a sitios donde va a estar en peligro su vida y su integridad.
El país cuenta con una Ley del uso progresivo de la fuerza, ¿considera que esto avala el accionar de los miembros de las fuerzas de seguridad o que se debe legislar más para garantizarles mayor protección?
La verdad hay que decirla. En la Asamblea Nacional se han tomado medidas para sumarse a esta lucha en contra del crimen organizado. En la reunión del Cosepe en la que participé y con lo que pude ver, puedo dar fe de que todas las funciones del Estado allí presentes participaron con el mismo interés y entusiasmo para buscar soluciones a este mal que nos tiene a los ecuatorianos en una situación de angustia y eso no puede ser motivo de partidos y de estas clásicas disputas de poder que existen. Creemos que hay una visión de que este es un crimen que afecta a la estructura misma del Estado, a su soberanía y todos los sectores, funciones, niveles de gobierno y la sociedad civil dejar de lado todo y lograr un gran acuerdo nacional. Ya existen reformas al COIP, la Ley del uso de la fuerza y ya va a salir el reglamento, donde se van a especificar las formas de procedimiento para aplicar esta Ley.
Para combatir el terrorismo la Policía y las Fuerzas Armadas van a trabajar en conjunto. En la Policía ya existe una unidad que se encarga de la defensa de los uniformados, ¿se va a replicar esto para los militares o será en conjunto?
La idea es que las Fuerzas Armadas y la Policía tienen que actuar coordinadamente y siempre ha pasado que las instituciones suelen competir entre sí… hoy están integradas para operar coordinadamente y complementariamente. Ya no vamos a hablar de uno por acá, de otro por acá, vamos a hablar de ese viejo término que sacaron de la Constitución, pero que sigue existiendo en la práctica que es la “fuerza pública” y vamos a tener una acción complementaria perfectamente planificada.
Desde el año pasado se conoció que el Gobierno cuenta con un Plan Integral para la Seguridad y la Paz, pero no se lo ha podido conocer a fondo, ¿usted ya tuvo acceso a este plan o con su llegada y la del general Wagner Bravo este va a ser reconfigurado?
Desde el primer día, cuando el señor presidente Guillermo Lasso me propuso que apoye al país desde esta función, hemos estado trabajando intensamente. Normalmente existen planes y el que está vigente cubre un periodo larguísimo de 2019 a 2030, son planes estratégicos prospectivos y aún en mundo como el actual de volatilidad, de incertidumbre, complejidad, ambigüedad, la planificación estratégica 20 años más allá es una utopía… el plan que tenemos abarca política de Estado de mediano y largo plazo y se derivan políticas públicas de seguridad. Ahora lo que tenemos que hacer y es lo que voy a plantear, necesitamos políticas públicas que establezcan con claridad los objetivos, las estrategias, las acciones para los dos años que tiene el Gobierno. Mi propuesta es que a ese plan, para el que ya me he sentado con el señor secretario de Seguridad, con el equipo técnico para revisar la planificación que reitero existe, debe expresarse en políticas públicas que siendo públicas deben ser conocidas por todos y hay que publicarlas lo más rápido posible.
Al contar ya con el Decreto 730, ¿a qué plano pasa el proyecto de reforma parcial al artículo 158 de la Constitución que se tramita en la Asamblea Nacional para que las Fuerzas Armadas puedan contribuir al combate a la delincuencia y la inseguridad?
De la planificación que se está realizando van a ser necesarias también propuestas para la Función Legislativa, para la Judicial, vamos a tener una reunión justo con el presidente de la Corte Nacional (Iván Saquicela). Puedo decir también que la Asamblea ha trabajado… hay reformas sustanciales al COIP, la propia fiscal general (Diana Salazar) ha reconocido que ha recibido herramientas potentes para actuar contra el crimen organizado. Entonces todas las reformas legales adicionales que sean necesarias hay que analizarlas, tenemos que dialogar con la Función Legislativa, todos estamos embarcados en la misma causa común. Todavía no estoy al tanto de los pendientes que tengamos con la Asamblea, pero estoy seguro de que están estratégicamente alineados y eso hay que hacer con todas las funciones y niveles del Gobierno.
Pasando al plano internacional, ¿esta declaratoria que se ha hecho en el país respecto al terrorismo cambia alguna posición del país ante la comunidad internacional?
El crimen organizado es una amenaza transnacional, una de las deficiencias que tenemos es que no hay una política común de seguridad por lo menos en el área andina. La mayor parte de las tragedias que estamos viviendo han sido fruto de un desbordamiento del problema colombiano hacia nuestro territorio, que la posición geoestratégica del Ecuador le coloca entre los más grandes productores de hoja de coca, de clorhidrato de cocaína, aquí estamos y esa posición en el mapa hace que sea el territorio ideal para que pase lo que está sucediendo, que el 40 % de la droga se va por nuestro litoral marítimo, otra gran parte por el río Putumayo hacia Brasil, entonces necesitamos que la Cancillería se enfoque en su trabajo a esta que es la gran causa nacional. Tenemos embajadas en todas partes, agregados militares, policiales, vamos pues a ponerles indicadores de eficiencia para saber cómo han apoyado a la gran causa del combate al crimen organizado… La política internacional tiene una función, apoyar la política de Estado y no puede estar divagando en temas cuando hay una causa nacional.
Decir que en Ecuador hay terrorismo como se ha hecho en otros países como España, Perú y Colombia, ¿esto no puede afectar en cómo nos verán los países desde fuera?
Por supuesto, uno de los problemas mayores ocasionados por el terrorismo a nuestro país y a cualquier país es ahuyentar la inversión. En un país del que salen noticias tan horribles como masacres en las cárceles, en un país que se ha colocado entre los más peligrosos en América Latina… qué inversionista va a venir a un país así y lo que pasa es que comienzan a sacar sus capitales. Tenemos que ganar en seguridad para lograr que este país sea atractivo a la inversión legítima y absolutamente hostil al crimen organizado… y todas las demás diferencias sigámoslas debatiendo porque es una democracia. (I)