Una serie de críticas se han generado en torno a Julio Guerrero, alcalde electo de Pindal, un cantón de 8.645 habitantes localizado en la provincia de Loja, sur del país. La razón: en una entrevista manifestó que la ley les permite llevarse porcentajes en la contratación pública a los alcaldes.
“Un contratista viene a poner un millón de dólares y no lo pone gratis. ¿Cuánto va a ganar por un millón de dólares? Tenga en cuenta usted que la ley permite 15, 20 o 25% que es legal, la ley le permite. En este caso, el alcalde lleve para él un 25, 30 o 15%, lo que ellos decidan para su bolsillo”, reiteró el alcalde electo que durante los comicios fue candidato del movimiento Pachakutik (PK).
Estas declaraciones indignaron a la ciudadanía y los integrantes de esa tienda política como el asambleísta Ricardo Vanegas:
Pidió un pronunciamiento de sanción política. “Nuestro rechazo a este comportamiento que es contrario a los principios de Pachakutik”.
También genera dudas entre la gente que pertenece a ese cantón, el cual se caracteriza por la producción maíz, arroz, café y frutas. Guerrero ganó las elecciones con un 37,02% de la población que equivale a 2.550 votos.
No es la primera vez que este tipo de declaraciones causan indignación colectiva. A mediados de julio de 2021, la asambleísta de PK, Rosa Cerda, manifestó que “si roban, roben bien”.
El Consejo de Administración Legislativa (CAL) de la Legislatura la sancionó con suspensión sin remuneración por ocho días. De igual forma, la Comisión de Ética y Disciplina de PK ordenó 15 días de interrupción en sus funciones.