Organizaciones políticas impulsan recursos legales por decisiones del Consejo Nacional Electoral

El movimiento Libertad es Pueblo busca que la Corte Constitucional (CC) le permita participar en las elecciones nacionales del 2021 y que no sea eliminada del Registro Permanente de Organizaciones Políticas del Consejo Nacional Electoral (CNE).

El director nacional de esta agrupación política, Gary Moreno, presentó ante la Corte un recurso de acción de protección en contra del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) por la resolución con la que dejó sin efecto su personería jurídica, resuelta el 16 de septiembre por el CNE acogiendo una recomendación de la Contraloría del Estado.

El recurso constitucional ingresó el pasado 19 de noviembre y el juez a cargo de la causa es Alí Lozada.

No obstante, el artículo 70 del Código de la Democracia establece que los fallos y resoluciones del Tribunal «constituyen jurisprudencia electoral, son de última instancia e inmediato cumplimiento y no serán susceptibles de revisión».

La acción de Moreno responde a la decisión del TCE, que ratificó la extinción de la organización política, porque no contó con legitimación activa para presentar el recurso subjetivo contencioso electoral en contra de la resolución del Consejo Electoral.

En el marco de las elecciones generales del 2021, el TCE está tramitando recursos de las organizaciones políticas por las acciones del CNE.

Para este viernes, los cinco vocales electorales están convocados a una audiencia pública por un recurso subjetivo contencioso electoral planteado por el movimiento Centro Democrático.

La organización reclama que el pleno no asignó el Fondo Partidario Permanente correspondiente al 2019.

El CNE asignó solo a 7 de 19 movimientos y partidos este fondo, que asigna el Estado para actividades de formación, publicaciones, capacitación e investigación y para su funcionamiento institucional, y Centro Democrático no fue beneficiado.

El juez Arturo Cabrera, ponente de la causa, citó a la audiencia oral de prueba y alegatos para el viernes a las 09:30.

De los cinco consejeros solo el vicepresidente, Enrique Pita, no había dado contestación a la demanda, y se le asignó un defensor público para garantizar su derecho a la defensa.

Mientras tanto, ayer decenas de simpatizantes del precandidato presidencial del grupo político Justicia Social, Álvaro Noboa, se concentraron en los exteriores del CNE en Quito para exigir se lo inscriba para participar en los comicios del 7 de febrero de 2021.

Luciendo camisas blancas con el rostro de Noboa y banderas amarillas, que identifican al movimiento que auspicia su candidatura, decenas de ciudadanos pedían con gritos y vuvuzelas que el CNE inscriba al empresario y político guayaquileño como su candidato a la Presidencia de la República y Gino Cornejo a la Vicepresidencia.

El Consejo informó que se reactivaron los «procesos de calificación que quedaron pendientes, sin que eso signifique la automática inscripción de nuevas candidaturas presentadas o extender los plazos para aquellos procedimientos que no fueron concluidos por responsabilidad de la propia organización, cuando no existía evidencia de ninguna limitación para ingresar en el sistema».

Esto dejaría por fuera la participación de Noboa, pese a que el TCE (al ratificar la personería jurídica del grupo político) ordenó que se tomen medidas de reparación, como que se les permita realizar los actos de democracia interna, inscripción y calificación de candidaturas.

La vocera de Noboa, Sylka Sánchez, tenía previsto presentar hoy a la Fiscalía una denuncia penal contra los consejeros. (I)

Fuente: El Universo

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