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Solo en el ámbito electoral se sancionará violencia política, aclara el TCE|El Universo de Guayaquil

Las sanciones para la violencia política se centrarán solo en el terreno electoral y político. Así lo aclaró el presidente del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Arturo Cabrera, quien enfatizó que estos casos se sustanciarán en audiencias públicas, con presentación de pruebas y una resolución final.

Y solo se tramitarán en caso de autoridades electas por voto popular o candidatos. Los casos que estén fuera de lo político-electoral se deberán realizar en la justicia ordinaria.

Entre los cambios que la Asamblea Nacional introdujo al Código de la Democracia está el de la violencia política, que abarca trece artículos; en uno se define como agresión en contra de mujeres candidatas, militantes, electas, designadas o que ejerzan cargos públicos, defensoras de derechos humanos, feministas, lideresas políticas o sociales, o contra su familia.

Tanto el Consejo Nacional Electoral (CNE) como el TCE deberán implementar reglamentos o instructivos para su aplicación y para sancionar.

La presidenta del CNE, Diana Atamaint, señaló que luego de las reformas al Código tendrán, por lo menos, que elaborar 49 reglamentos.

Para Ruth Hidalgo, directora de la Corporación Participación Ciudadana (PC), el punto de partida es definir qué se entiende por violencia política, y para desarrollar la normativa propone la inclusión de un glosario de términos y conceptos.


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Un estudio difundido por su organización que monitoreó a 31 mujeres con representatividad pública entre diciembre y enero detectó que 16 fueron víctimas de manifestación de violencia con memes, imágenes, expresiones y frases en Twitter. Se contabilizaron 506 tuits con 204 expresiones con contenido discriminatorio.

Este es el “desafío que deben emprenderlo con prontitud”, y resalta la necesidad de que estas reformas se den con el “compromiso de partidos políticos, deben buscarse los espacios de trabajo conjunto para que ellos asuman con responsabilidad”.

Geovanni Atarihuana, de Unidad Popular, plantea que el CNE los invite a participar en la elaboración de estas normas. “Hay que trabajar en la participación, que la gente sepa sus derechos, que tenga claro el estatuto (del movimiento), si es que en el algún caso debe ser sancionado algún adherente”.

El TCE ya trabaja en normas internas. Cabrera explica que la violencia es una infracción grave, que puede ser sancionada con multas de hasta 20 salarios básicos, la destitución o suspensión de los derechos de participación de seis meses a dos años. Cree que a los políticos puede que la multa no les interese, pero sí la suspensión de los derechos de participación, pues impedirle postular puede ser “la verdadera pauta”. Pero antes que sancionar, hay que “evitar que pasen”. (El Universo)

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