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La Estatal polemiza con los empresarios

El gremio empresarial y la Universidad de Guayaquil abrieron ayer una polémica sobre el impuesto del dos por mil. Para la institución educativa, que es recaudadora y beneficiaria del tributo, este se encuentra en vigencia. Para el sector empresarial, en cambio, el impuesto fue derogado en 2014, por lo que incluso la Universidad debe devolver lo que ha cobrado de modo indebido.

La antigüedad del tributo y la serie de cambios que a través de los años han afectado su texto, destino y aplicación, dan pie a la polémica y sirven de sustento legal a las dos partes.

Incluso, existen dos pronunciamientos opuestos de la Procuradoría General del Estado sobre el tema, uno de abril y otro de septiembre de este año, si bien el segundo -una reconsideración- deja en claro que prevalece sobre el anterior.

El impuesto del dos por mil anual grava al comercio, la industria y la banca de Guayaquil sobre los capitales declarados en sus respectivas matrículas.

Inicialmente, fue creado mediante decreto en 1945 para atender la construcción de la Catedral de Guayaquil y su vigencia fue prorrogada en varias ocasiones. En 1970, mediante la Ley 70-06, el Congreso dispuso que ese impuesto se destinara en forma permanente al Hospital Universitario de la Universidad de Guayaquil.

Antes y después de esa fecha se realizaron reformas al texto y se crearon normas complementarias para su aplicación, por lo que en el 2000 el Congreso las reunió y ordenó en una ‘Codificación de la Ley del Sistema Hospitalario Docente de la Universidad de Guayaquil’.

Allí se incluía la Ley 70-06, derogada en septiembre del año pasado por el Código Orgánico Monetario y Financiero.

Ayer, el presidente de la Cámara de Industrias, Francisco Alarcón, dijo a EXPRESO que ese impuesto fue derogado junto a la Ley 70-06, por lo que a su criterio, la Universidad de Guayaquil debe devolver los valores que ha cobrado este año.

Citó que un banco pagó 665.000 dólares; un hotel, 40.000; y una vidriera, 42.000.

En tanto, el rector de la ‘Estatal’, Roberto Cassis, exhibió el pronunciamiento de la Procuradoría para sustentar que este impuesto sigue vigente. Y atribuyó el reclamo de los empresarios a que posiblemente desconocían este documento del 14 de septiembre pasado.

Para Alarcón, el pronunciamiento del procurador «no es vinculante» en el ámbito tributario. Y afirma que este impuesto ahuyenta la inversión y el empleo, pues disuade a las empresas de venir a la ciudad.

expreso

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