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En 5 días de vigencia del COIP, 173 internos piden la revisión de sus penas

Quito (Ecuador).- Desde el pasado domingo en que entró en plena vigencia del Código Orgánico Integral Penal (COIP), hasta el jueves, 173 personas privadas de libertad (PPL), detenidas en los centros de rehabilitación social de Guayas y Cotopaxi, han solicitado audiencias para la revisión de su pena, acogiéndose al para recuperar la libertad a través del Art. 670 que establece la sanción más benigna.

El mencionado artículo del COIP se refiere al principio del ‘In dubio pro reo’ que determina que si una norma posterior es más beneficiosa para el sentenciado será aplicada retroactivamente. Estimaciones iniciales dan cuenta de que alrededor de dos mil PPL estarían en condición de acogerse a este beneficio.

Según informó el presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Gustavo Jalkh, del total de peticiones, 103 son de PPL de la Penitenciaría del Litoral, 53 del Centro de Rehabilitación Social Regional Guayas y 17 del Centro de Rehabilitación Social Regional Sierra Centro Norte Cotopaxi.

En cuanto a la aplicación del procedimiento directo que dispone la nueva normativa, Jalkh indicó que desde la vigencia del COIP, en Guayaquil se han registrado 69 audiencias de flagrancia, de las cuales 23 se tramitaron con el juicio directo. En Quito hubo 50 procesos flagrantes y de estos, en 12 se aplicó este procedimiento.

Las causas que se juzgan con el procedimiento directo, dijo, son resueltas por el propio juez de Garantías Penales bajo el debido proceso. “Recordemos que estos son casos de flagrancia y el fiscal tiene suficientes argumentos para acusar y adicionalmente, 10 días para fortalecer la prueba. Antes, debían ir a un tribunal con todo el costo en tiempo y recursos”, precisó.

Primeros indicadores son satisfactorios

Para el vocal del CJ, Néstor Arbito, en estos primeros días de aplicación del COIP, se han recogido indicadores muy satisfactorios, lo que implica que no ha tenido mayores complicaciones la implementación de la nueva normativa.

El funcionario reveló que se realiza un monitoreo permanente de las novedades que se registren, por lo que en 15 días o máximo en un mes se contaría con un informe de evaluación. No se lo puede hacer antes, dijo, porque en el caso de los PPL que buscan la libertad con el Art. 670, deben iniciar los procesos, que se fije la fecha de la audiencia en donde el juez tiene la facultad de emitir el fallo. Este trámite demoraría alrededor de una semana a dos, dependiendo del caso.

A su vez, el director de la Escuela de la Función Judicial (EFJ) Tomás Alvear, indicó que le compete hacer una evaluación sobre la aplicación del COIP por parte de los operadores de justicia, abogados en libre ejercicio y policías que fueron capacitados.

De la información preliminar que posee, dijo estar conforme, porque los jueces y fiscales no han tenido ningún inconveniente en aplicar la normativa, ya que conocen los procedimientos del derecho penal, de garantías constitucionales, de derecho, etc. No obstante anticipó que están organizando grupos de trabajo que serán distribuidos  con personal de la Judicatura en todas las provincias del país, a partir del 20 de agosto, a fin de conocer novedades y realizar el monitoreo correspondiente.

Tras señalar que la calidad de la educación es medible, indicó que “los errores de gestión procesal son aislados, si es que los hay”, pero aseguró que por el momento todo está en orden. El pronunciamiento lo emitieron las autoridades durante el taller desarrollado ayer y dirigido a periodistas, con el objetivo de aclarar las dudas sobre varios artículos del COIP. El vocal del CJ, Néstor Arbito y el director de la EFJ, Tomás Alvear, despejaron inquietudes de los comunicadores.

Fuente: Diario PP

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