La presidenta de Perú, Dina Boluarte, defendió este miércoles el estado de emergencia decretado en San Martín de Porres y San Juan de Lurigancho, en el departamento de Lima, y en siete localidades de Sullana, en Piura, que implica el “apoyo” del Ejército en temas de seguridad.
Desde la sede de Perú en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en la ciudad estadounidense de Nueva York, Boluarte respondió algunas preguntas de periodistas peruanos que fueron incisivos sobre esta medida tomada para enfrentar la delincuencia y la criminalidad.
“¿Que estamos improvisando? No, esto ha sido bien pensado, por la necesidad de las autoridades locales, han pedido que el Poder Ejecutivo intervenga”, contestó la mandataria.
Boluarte reconoció que en los últimos años se ha declarado estado de emergencia en varias ocasiones, de manera infructuosa, pero pidió “esperar los 90 días” para evaluar los resultados.
“La inseguridad ciudadana es histórica porque hemos tenido autoridades y gobiernos anteriores que no han sabido atender [esta problemática]. Nosotros escuchamos el clamor de la población”, añadió.
¿Qué contempla esta acción?
En edición extraordinaria del Diario Oficial El Peruano, publicada en la víspera, se impiden las reuniones y concentraciones de personas, incluidos eventos sociales y espectáculos, desde medianoche hasta las 04:00 de la madrugada.
Durante el estado de emergencia se aplica “la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales”.
“La Policía Nacional del Perú mantiene el control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, para lo cual la institución policial determina las zonas donde se requiera dicho apoyo”, estipula el decreto, que regirá durante 60 días.
Más solicitudes
Desde que Boluarte lo anunció desde Nueva York, en el marco de la Asamblea General de la ONU, varias autoridades locales han pedido que se extienda el estado de emergencia a sus localidades.
En ese sentido este miércoles un numeroso grupo de vecinos de Pachacamac, junto a su alcalde Enrique Cabrera, se movilizan hacia el Palacio de Gobierno para solicitarle a la dignataria que lo aplique en su distrito.
También se dirigen hacia el Congreso de la República, en pleno centro de Lima, para ser recibidos por algún legislador y presentar sus quejas por el aumento de la delincuencia.
Las críticas
Este miércoles el director asociado para las Américas en Human Rights Watch, César Muñoz, se sumó en la red social X a los reproches a orden emanada del Ejecutivo peruano.
“En lugar de una política de seguridad seria, que incluya mayor capacidad investigativa y una reforma de la policía para hacerla más eficiente, Boluarte suspende derechos básicos y saca a los militares a las calles. Lo mismo que hacía [el expresidente] Pedro Castillo”, dijo.
El militar retirado Roberto Chiabra, actual parlamentario, lo calificó como una “pequeña acción populista” y abogó por una política a nivel nacional ante la amenaza de la inseguridad ciudadana. “No hay una estrategia integral”, sostuvo.
“Si es una amenaza a nivel nacional no la puede usted solucionar tomando pequeñas acciones populistas más que efectivas. ¿Declarar el estado de emergencia y pasarle la responsabilidad a los soldados forma parte del ‘plan Boluarte’?”, interrogó.
Entrevistado por el medio digital Epicentro, Chiabra recordó que, durante 2022, Lima y Callao estuvieron en estado de emergencia hasta noviembre para combatir la inseguridad. “No hubo ningún resultado porque no había ninguna estrategia”, añadió.