El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha acusado a organizaciones no gubernalmentales (ONG), medios y partidos de estar detrás de lo que considera un “derramamiento de sangre” de su pueblo, según un mensaje publicado este lunes en su cuenta oficial de Twitter.
“Una consecuencia de que toda esa gente, ONG, medios, partidos políticos y hasta gobiernos ‘amigos’ hayan salido a defender a los pandilleros… es que ahora el pueblo salvadoreño está claro de quiénes han estado detrás del derramamiento de sangre de sus familiares y amigos”, reza el texto.
El pasado 25 de marzo la nación centroamericana registró 14 muertes violentas. Un día después contabilizó un total de 62 homicidios, siendo la jornada más violenta desde que finalizó la guerra civil de El Salvador, que tuvo lugar entre 1980 y 1992.
¿Qué ha sucedido?
A raíz de estos acontecimientos, el mismo domingo la Asamblea Legislativa salvadoreña decretó un régimen de excepción de 30 días con el objetivo de frenar el “incremento desmedido” en el número de asesinatos adjudicados a las pandillas, que forma parte de una nueva estrategia de seguridad pública del Gobierno.
Bukele asegura que, en total, se han arrestado 10.094 “terroristas” en apenas 17 días, incluido Edwin Rodolfo Jiménez, alias ‘Peludo’, señalado por el mandatario como un “ranflero”, es decir, “uno de los 15 líderes nacionales de la MS-13”, nombre con el que se conoce al grupo delictivo Mara Salvatrucha. Según la Policía Nacional Civil (PNC), se trata de “un peligroso líder de estructura terrorista” a nivel local, “responsable del incremento de homicidios durante los últimos días en el país”.
Pero esta política de seguridad impartida por el Ejecutivo ha causado fuertes críticas por parte de las organizaciones de derechos humanos (DD.HH.). Una de las mayores controversias se generó cuando el presidente salvadoreño afirmó que las condiciones carcelarias van a empeorar, revelando que, pese al aumento en el número de presos, no se aumentarán las porciones de alimentos para los reos.
“Viola los estándares internacionales”
Desde la ONG Amnistía Internacional consideran que se trata de “una medida que viola los estándares internacionales”. Asimismo, señalan que el estado de excepción “suspende derechos humanos que no pueden ser restringidos bajo ninguna circunstancia”, por ejemplo, el derecho a la defensa legal de las personas detenidas y el derecho a ser informado de las razones por las que ha sido arrestada.
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también cuestionó las políticas adoptadas en El Salvador, asegurando que “las medidas anunciadas en cárceles constituyen políticas de carácter represivo“. También pidió al Estado “revertir urgentemente todas las medidas que pongan en riesgo la vida e integridad de las personas que están bajo su custodia”.
Bukele arremetió contra la CIDH asegurando que defienden a los pandilleros y no han dicho ni una sola palabra sobre las víctimas de esos “asesinos”. “Queda claro de que lado están”, manifestó. Posteriormente, acusó a las pandillas de ser el “brazo armado” de las ONG de defensa de los derechos humanos, la comunidad internacional, los partidos opositores, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los periodistas de la Open Society (del magnate George Soros), entre otros.
Fuente. actualidad.rt.com