Como una medida que carece de respaldo técnico y que vulnera el debido proceso, calificó el Municipio de Guayaquil a la decisión del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, de suspender temporalmente la acreditación como autoridad ambiental competente.
La directora general de Ambiente del Municipio, Isabel Tamariz, en rueda de prensa ofrecida este jueves 16 de enero, explicó que sorprende la notificación que afecta a la ciudadanía; “como Municipio hemos cumplido nuestras
actividades de control, seguimiento y de sanción en beneficio de 4.000 usuarios”.
Recordó que el Ministerio realizó una auditoría de gestión entre 2018 y 2024 y que, según sus informes, identificó supuestamente 105 no conformidades mayores, pero que “carece de análisis técnico y no se siguió el debido proceso,
nosotros presentamos descargos, pero no fueron considerados. Vamos a insistir para que estas no conformidades mayores sean subsanadas”.
En este punto, indicó que las supuestas inconformidades se relacionan a temas técnicos, legales y observaciones a herramientas tecnológicas y como ejemplo citó que el informe señala que un funcionario no tenía GPS, “pero tenemos
esos recursos tecnológicos, el Municipio invierte en tecnología de punta, tenemos software, drones, computadoras, diferentes herramientas”.
También indicó que son apenas 80 trámites pendientes por concepto de permisos, que ahora pasarán a la Prefectura del Guayas a través de una plataforma que tiene el Ministerio de Ambiente.
“Presentamos más de 5.000 fojas antes de finalizar el 2024 y en un plazo menor a 10 días nos dieron respuesta, es sorprendente un análisis técnico en tan poco tiempo”, sostuvo Tamariz.
En tal virtud, sostuvo, existe un tiempo de 8 días laborables, para hacer llegar un plan de acción, para lo cual ya se está trabajando para dar respuesta a la notificación del Ministerio de Ambiente. Sin embargo, aclaró que las obras
municipales no se van a parar, “nosotros no nos otorgamos permisos ambientales a nosotros mismos”.
Las acreditaciones ambientales se requieren para desarrollar actividades o proyectos relacionados con ejecución de obras públicas, red vial, construcción y operación de sistemas de tratamiento de aguas residuales y otras de carácter
público y privado.
