Municipio de Guayaquil comenzó operativos de clausura y detención por delitos ambientales. Empresa cerrada y empleados detenidos.

Veintidós días después que la Municipalidad de Guayaquil, a través de la Dirección de Ambiente, advirtiera sobre las sanciones de ley que establecería a quiénes o a la empresa que incurra en delitos ambientales, ya están detenidos las tres primeras personas que contaminaron un canal que conecta con el río Daule y fue clausurada la empresa Cartorama por el supuesto delito de contaminación ambiental.

El director de Ambiente, Bolívar Coloma, anunció la mañana del miércoles 6 de junio en las oficinas de la Dirección de Ambiente en el tercer piso del edificio El Crillón, que la tarde del martes 5 de junio en coordinación con la Policía Nacional se procedió a la detención del Jefe de Área de Mantenimiento, el operador y el responsable del caldero de la empresa Cartorama, ubicada en el km. 14,5 de la vía a Daule, porque habrían derramado entre 1.500 a 2.000 galones de hidrocarburos. Inmediatamente, se cerraron las instalaciones porque la empresa es reincidente en este tipo de delitos ambientales.

Según Coloma, en días anteriores el Cabildo porteño anunció cero tolerancia a las personas o instituciones que contaminen el ambiente y el fortalecimiento de los operativos de clausura, detención y prisión para quienes no cumplan con la ley. Y ese momento llegó porque el incidente se produjo por la falta de prevención y mantenimiento técnico de las instalaciones, donde se verificó que no hubo el mantenimiento adecuado y como el caso ya fue presentado en la Fiscalía, el miércoles 6 de junio por la tarde será la audiencia de formulación de cargos.

Sanciones penales y administrativas

A decir de Coloma, el objetivo del Cabildo porteño no es sancionar a ningún contraventor, pero se solicitan acciones preventivas inmediatas para evitar este tipo de situaciones y la empresa clausurada ya tenía antecedentes de haber derramo tintas el año pasado, lo que afectó al cuerpo de aguas alrededor y, sin embargo, no se adoptaron las medidas remediales que en este caso estipuló la Dirección de Ambiente, es decir existe reincidencia.

El funcionario municipal manifestó que “la naturaleza tiene derechos y los funcionarios públicos debemos hacerlos cumplir”, por tanto se iniciarán las acciones pertinentes una vez que se tenga el resto de informes técnicos para sancionar a los infractores quienes tendrán que pagar sanciones penales y administrativas.

Además de las pecuniarias o multas económicas; los costos de remediación que se iniciaron inmediatamente a través de otras entidades como el Ministerio de Ambiente; la afectación y los costos a la administración pública. Todo a cargo del Comisario Municipal Ambiental, Otoniel Quinteros, que sigue la causa por los medios legales en la Fiscalía por delito flagrante y, posteriormente, se determinará lo que decida el juez pertinente.

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