Multas y juicio político son los controles para la actuación de los jueces electorales

Las sanciones pecuniarias y el control político en la Asamblea Nacional son los mecanismos que se aplican a los jueces del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) y vocales del Consejo Nacional Electoral (CNE) cuando incumplen la ley y los reglamentos que los rigen.

La reunión ‘casual’ que mantuvo el candidato presidencial de Pachakutik (PK), Yaku Pérez, con el juez electoral, Ángel Torres, en medio del trámite de un recurso subjetivo en contra de los resultados de la elección presidencial proclamados por el CNE, abrió el debate sobre las sanciones que estas autoridades pueden enfrentar.

El artículo 12 del Reglamento de Trámites del Tribunal dispone que los “jueces no pueden mantener reuniones con las partes procesales, salvo el caso que acudan de manera conjunta y justificando de manera precisa y por escrito la necesidad de la reunión”.

Al conocerse el hecho, Torres se excusó de conocer la causa alegando el numeral 9 del artículo 56 del reglamento por “tener pendiente con las partes procesales obligaciones o conflicto de intereses”.

PUBLICIDAD

En su contra hay una acción de queja, planteada por el abogado Manuel Pérez Pérez, sobre la que aún no hay providencia de si se admite o no a trámite.

Pero, ¿por qué un juez electoral no es sujeto de control como los jueces ordinarios que son observados por el Consejo de la Judicatura (CJ)?

El analista electoral y catedrático Esteban Ron explicó que al ser máximas autoridades, con rango de magistrados, el control no es disciplinario, sino político, ante la Asamblea Nacional.

“El TCE, la Corte Nacional de Justicia y la Corte Constitucional son las tres altas cortes del país porque su jurisprudencia es de última instancia. Y el control no es disciplinario, sino por juicio político”, afirmó.

Ángel Torres, juez del Tribunal Contencioso Electoral: La insinuación del maletín es perversa. No es justo que por meras intuiciones, por simples conjeturas, la gente llegue a la conclusión de que hubo dinero de por medio

A esto se suma que la naturaleza de la Función Electoral no es administrar justicia, sino organizar procesos electorales. Y eso, “es una falla legislativa, porque el Código de la Democracia no prevé un control de la actividad del TCE. Pero la naturaleza del Código son las elecciones, y debería existir una ley específica sobre administración de justicia electoral. Pero tenemos una norma que mezcla organización de procesos y justicia electoral”, añadió.

El asambleísta socialcristiano Henry Cucalón, parte de la Comisión de Justicia de la Asamblea, explicó que si bien los jueces no tienen atribución para destituirse entre sí, la opción es iniciar un juicio político a Torres, con base en el artículo 131 de la Constitución, por incumplimiento de funciones.

PUBLICIDAD

“Lo menos que pudo hacer el juez es excusarse, porque esto genera desconfianza en el sistema, en el que debe prevalecer la pureza del proceso. Desde la responsabilidad política, tanto los consejeros y los jueces, y en especial este juez, han venido entorpeciendo el proceso y es obvio que entran en las causales de enjuiciamiento político”, cuestionó Cucalón.

No obstante, esta responsabilidad política se podrá debatir en el Legislativo, una vez que haya concluido el proceso electoral.

Para Medardo Oleas, también analista de temas electorales, no existe una sanción específica por reunirse con las partes procesales, pero como “fue descubierto antes (de tratar la causa), automáticamente la ley le inhabilita de resolverla”.

A su criterio, esto podría ser una causal para un juicio político, y no cree que exista un vacío legal. Al contrario, no pueden tomarse acciones concretas porque se desconoce de qué hablaron.

El constitucionalista Stalin Raza consideró que Torres puede ser sancionado de tramitarse la queja, pero con una multa económica, pues el artículo 270 dispone que los jueces y consejeros electorales no pueden ser destituidos, sino enfrentar una sanción económica, que podría ir entre uno y 30 salarios básicos ($ 12.000).

Si se tramita la queja, la tratará el pleno del Tribunal porque versa sobre “una actuación o decisión de un juez”, y tiene un plazo de 30 días para pronunciarse. (I)

Publicaciones relacionadas

Botón volver arriba