Al menos 200 mujeres de 65 organizaciones de 14 provincias se concentraron, este sábado 26 de marzo de 2022, en el salón José María Lequerica de la Asamblea.
Ahí trataron alternativas al veto parcial del presidente, Guillermo Lasso, a la Ley para la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación. Los colectivos rechazan la decisión del Ejecutivo.
Desde las 9:00 se convocó a un debate, en donde se socializaron planteamientos de resistencia al veto por parte de voceras de las agrupaciones de mujeres.
Cifras de niñas madres en Ecuador
En tres mesas temáticas se trataron los retos del movimiento social de mujeres en el contexto de que “20 052 niñas menores de 14 años dieron a luz en Ecuadorentre 2008 y 2018”, entre otros datos levantados por diversas organizaciones feministas. Como resultado del encuentro se emitirá un pronunciamiento que exige a la Asamblea defender la Ley, que fue aprobada el pasado 17 de febrero.
Dos niñas gemelas de 12 años de Imbabura se convirtieron en madres producto de violaciones. Una de las víctimas no acepta la situación, rechaza a su hijo y ha intentado, en varias ocasiones, quitarse la vida. Esta historia fue relatada por Elena Larrea, presidenta del Consejo de defensoras y defensores de DD.HH. y de la Naturaleza de Imbabura y quien pidió que se haga los reajustes respectivos al veto para que se pueda dar otra oportunidad a esas menores de edad y mujeres afectadas por la violencia sexual.
Para Larrea, es “indispensable pensar en las víctimas” y no permitir que se incluya criterios personales, morales y religiosos que no son acordes a las problemáticas reales del país. “Queremos que la Asamblea esté con nosotras y ratificamos la inconstitucionalidad del veto del Ejecutivo”.
Irma Torosina de la agrupación Hijas de Eva llegó desde Cotacachi, Imbabura, para defender ‘el derecho a decidir’. Ella afirma que tras una lectura crítica se ha identificado que las condiciones en las que se ha planteado el veto implican una regresión de derechos para las mujeres. “No estamos de acuerdo con el establecimiento de plazos porque no se está garantizando el derechos de decidir”.
Una opción para las víctimas
Además, aclaró que el propósito de la ley no es motivar el aborto sino garantizar condiciones para que no se judicialice a las niñas y mujeres que deciden interrumpir el embarazo en casos de violación.
Desde Manabí también llegó Andrea Quijije García, parte del Movimiento de Mujeres por la Justicia, quien cree que con intervenciones profesionales desde las ramas de la salud, el derecho y la sociología se han analizado los artículos del veto presidencial y concluyen que se está atentando al desarrollo de las mujeres. “Rechazamos la posición del Presidente de la República”.
Yarina Lema del grupo de mujeres Hampiriypacha, de Otavalo–Imbabura dice que con estas condiciones: “siguen decidiendo por nuestros cuerpos y ya no queremos vivir con miedo”.
Así como este argumento se han emitido pronunciamientos de organizaciones como el Colegio de Abogados de Pichincha, que ha identificado serias deficiencias técnicas. También la Plataforma Nacional (OLA) consideró que el veto debió remitirse a la Corte Constitucional y no a la Asamblea.
Por su parte, Lasso se pronunció el pasado 22 de marzo para excusar su veto parcial afirmando que el proyecto de Ley presentaba “condiciones que favorecen el aborto libre”. Propuso unificar el plazo de interrupción a 12 semanas, para casos en zonas rurales y urbanas. También cumplir con uno de tres requisitos: hacer una denuncia, emitir una declaración juramentada por parte de la víctima o certificar, a través de una examen médico, que la víctima en efecto haya sido violada.
Por ahora, la Asamblea tiene 30 días de plazo para tratar dicha objeción parcial. En esta puede ratificar su resolución original (con dos tercios de votos) o aceptar las propuestas del Ejecutivo (con la mitad más uno de votos). Las organizaciones esperan que el legislativo tome en cuenta sus criterios y se ratifique en el proyecto aprobado en el Pleno.
EC