Ministros del Interior y Defensa deberán explicar acciones ejecutadas por casos de personas desaparecidas

La Comisión Especializada Ocasional que atiende casos de personas desaparecidas convocó a los ministros de Defensa, Oswaldo Jarrín; y del Interior, María Paula Romo, con el objetivo de que informes sobre las políticas públicas y acciones que siguen en los cerca de 1.800 casos de personas de quienes no se sabe su paradero. Además, se decidió establecer un cronograma de visitas a las distintas unidades de Desaparecidos de la Fiscalía, en diferentes circunscripciones del país y dar un seguimiento.

La decisión se dio luego de que la mesa legislativa, presidida por el asambleísta Absalón Campoverde, también padre de Juliana (joven desaparecida desde el 2012), recibiera a la familia del militar Wilson Ilaquiche, quien no aparece desde el pasado 12 de mayo, en el destacamento fronterizo ubicado en el cantón Tobar Donoso, en Carchi.

Viviana Ilaquiche, hermana del uniformado, indicó que se encuentran muy dolidos por desconocer qué pasó con su familiar y desmintió que él haya cometido alguna falta grave y que las autoridades, tanto militares, cuanto civiles y de justicia, no han proporcionado información luego de 118 días de haber, supuestamente, desaparecido.

La vocera de la familia explicó que la figura de desaparecido se modificó en la denuncia que efectuaron en la Fiscalía de Esmeraldas por la presunción de secuestro. Agregó que en esta gestión estuvo acompañada de la madre y el tío del militar.

Enfatizó que el Ejército no dejó que la familia ponga la denuncia, porque -supuestamente- como institución militar ya lo habían hecho. A partir de la denuncia, no han recibido ningún reporte del avance de las investigaciones, por lo que solicitaron que los ministerios de Defensa y del Interior informen sobre el tema, porque consideran que se vulneraron derechos, tanto del militar desaparecido, como de la familia, al no haber indicios claros de la ubicación del cabo segundo Wilson Ilaquiche, luego de haber transcurrido 118 días y desconocer su paradero.

Viviana añadió que oficiales del Ejército dijeron que el soldado podría ser declarado desertor y dado de baja si es que en el plazo de un año no aparece y, por consiguiente, perder todos sus derechos como servidor militar, situación con la que no están de acuerdo, por existir la presunción de que ha sido víctima de secuestro. (JPM)

Fuentes: Asamblea Nacional – Radio Sonorama

Ecuadorinmediato.com

Publicaciones relacionadas

Botón volver arriba