Política

Ministro del Interior dispuso revisar y aprobar contratos en su gestión, directamente

Luego de que el pasado 11 de mayo, el ministro del Interior, Mauro Toscanini, pidiera formalmente al contralor Pablo Celi, la realización de una auditoría a los procesos contractuales efectuados durante la gestión de sus antecesores; ahora dispuso que todos los contratos en su gestión sean revisados y aprobados directamente por él y que además, se fiscalice toda la documentación contractual anterior a su periodo.

Y es que, de acuerdo a un reportaje publicado por diario Expreso, sobre las contrataciones de emergencia que la Cartera de Estado realizó, durante 4 años se firmaron 293 contratos que representaron un desembolso de US$510 millones.

Según dicho medio de comunicación, el exministro José Serrano, en cuya administración se contrató el 98,09 % del monto total desembolsado durante la emergencia, ofreció, a través de sus asesores, entregar su versión sobre el tema en los próximos días.

Durante la emergencia, 127 proveedores nacionales y extranjeros adquirieron el compromiso de dotar de lo necesario a la Policía en equipamiento técnico y operativo, logística, infraestructura y capacitación.

En una docena de proveedores se concentra el 89,7 % del monto total contratado, según una revisión que este Diario hizo al listado de procesos.

Encabeza el ranking de mayores contratistas la compañía Aekia S. A., con un valor contractual de US$197’831.164,98. Esa empresa proveyó una solución integral homologada de movilidad para la Policía, cuyo objeto, según el contrato original firmado el 28 de noviembre de 2013, era la entrega de 4.157 vehículos patrulleros hasta diciembre de 2017. Un contrato complementario y uno modificatorio se anexaron al compromiso. Con las reformas contractuales, la Policía recibió finalmente 3.132 vehículos.

La contratista tiene como accionista a dos compañías (Constructora San Jorge S. A. y Moonhold S. A.), según reporta la Superintendencia de Compañías. En la primera, Juan Gabriel Eljuri Antón tiene participación accionaria. Él tiene también inversiones en Indumot S. A., firma que en 2013 se adjudicó dos contratos para venta de motocicletas, por un total de 11’235.204,55 dólares.

Ricardo Rosales, gerente general de Aekia, destaca a este Diario que Juan Eljuri Antón no es un operador de negocios, “sino que es parte de una familia de inversionistas que tiene intereses en más de 200 compañías en el país”.

Sobre el contrato, aclara que, a más de la entrega de vehículos ensamblados expresamente como patrulleros, incluía la dotación de accesorios y equipamiento, repuestos y mano de obra de mantenimiento.

El directivo recuerda que el contrato modificatorio se hizo por pedido del Ministerio del Interior y estableció un cambio en el número de carros a entregar y una extensión en la vida útil de los vehículos en operación.

Según Rosales, la empresa no suspendió el servicio contratado pese a que en un momento Interior llegó a deberles US$60 millones.

Asegura que en la auditoría realizada por la Contraloría a esa contratación no se encontró ninguna irregularidad por parte de la compañía. “Cumplimos en las fechas, montos y condiciones del contrato”, sostiene.

De su parte, el gerente general de Indumot, Carlos Morejón, descarta cualquier irregularidad en las contrataciones. Asegura a este Diario que los términos de las negociaciones “se cumplieron a cabalidad”. Dice que hasta noviembre de 2013 la contratista entregó la totalidad de las motocicletas.

Para la compra de mobiliario y equipamiento de las unidades policiales, el grupo comercial Vivanco, de Quito, se adjudicó 29 contratos por us$12’756.142,05, entre los años 2013 y 2017, a través de varios proveedores que tienen vinculación con Javier Humberto Vivanco Jara.

Esos contratistas son Vivanco & Saltos Reliance S. A., Comercializadora Humberto Vivanco e Hijos S. A. (hoy en proceso de disolución), Vivanco Home y María de los Ángeles Saltos Carrera (accionista de Vivanco & Saltos Reliance).

Consultado por diario Expreso, Javier Vivanco Jara responde que todas las contrataciones con el Ministerio del Interior “siempre han sido mediante calificación de ofertas bajo parámetros de calidad y precio”.

Según el empresario, dichos procesos han estado sujetos a auditorías de las autoridades de control “sin que existan observaciones de irregularidades”. (JPM)

Fuente: Expreso

Ecuadorinmediato.com

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