Equipos técnicos de la Dirección General de Aviación Civil, Fiscalía General del Estado y de los Ministerios del Interior y de Transporte acudieron a la Comisión de Seguridad Integral para presentar sus observaciones al proyecto de Ley de Control del Espacio Aéreo Nacional.
La presidenta de la comisión, Inés Alarcón manifestó que mantienen la decisión de legislar sin temor para favorecer la seguridad nacional, que es el deber de todos los asambleístas.
Jorge Zúñiga, de la Dirección General de Aviación Civil, sugirió que para la construcción de esta ley se realicen mesas de trabajo conjuntas con diferentes actores que regulan y controlan el espacio aéreo ecuatoriano. Mencionó a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional.
Por otra parte, Jorge Borja, jefe de la Unidad Nacional Aeropolicial, propuso normar la intervención coordinada de aeronaves intervenidas por equipos especializados multidisciplinarios y tácticos, de varias instituciones de la defensa nacional, para evitar la evasión.
Además, puntualizó que el dinero incautado, en la lucha antidrogas sirva para desarrollar una política de repotenciación y mantenimiento oportuno de radares que coadyuben en la detección de aeronaves ilegales o sospechosas.
Ricardo Reyes, delegado de la Fiscalía, expresó que sus observaciones se enmarcan en el sistema de justicia. “Estamos conscientes que emprender acciones dirigidas a naves ilegítimas, recaerá en una investigación penal, debido a derribos o a contenido ilegal de las aeronaves”, señaló.
Enfatizó que el uso del término “derecho a la legítima defensa”, descrito en el cuerpo de ley debería modificarse por el de “legítima defensa”, pues esta es una institución jurídica penal de implementación, no un derecho.
Así se entenderá que el derribo de aeronaves ilegales será implementado como un ejercicio legítimo de la defensa soberana del Estado y se brindará seguridad jurídica a las fuerzas del orden, en caso de accionar así.
En otro orden, la comisión avanzó en el análisis de las 59 objeciones presentadas por el Ejecutivo al proyecto de Ley de Vigilancia y Seguridad Privada.