Tanto en el ámbito político como en el jurídico en los últimos tres años ha sido recurrente escuchar que el correísmo y sus aliados intentan echar abajo la sentencia en firme y en proceso de ejecución dictada por jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) por el delito de cohecho pasivo agravado, dentro del caso que se inició siendo conocido como Arroz Verde, pero que finalmente fue rotulado por la Fiscalía como Sobornos 2012-2016.
Esta semana no fue diferente. El tema volvió a la palestra pública en medio de las denuncias del colectivo Acción Jurídica Popular (AJP) por un supuesto plagio en la tesis doctoral de Diana Salazar y en documentos entregados para el concurso en el que fue seleccionada y designada la fiscal general del Estado, en 2019.
A raíz de estos hechos señalados por AJP se desprendieron intentos fallidos de llevarla a la fiscal a audiencias públicas en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y también se generó la existencia de un informe jurídico de control disciplinario en el Consejo de la Judicatura (CJ), que buscaba ser analizado por el pleno del organismo, la noche del 29 de mayo último. La reunión no contó con el quorum requerido, por lo que no se trató ni el informe ni la recomendación de suspender en el cargo a Diana Salazar.
La imbabureña que fue designada para ser la titular de la Fiscalía General hasta el 2025 cree que están conectados todos estos “intentos desesperados” por sacarla del cargo y generar impunidad. Que lo que buscan, ha dicho, es tomarse la Fiscalía y así alejarla del conocimiento de casos por actos de corrupción que están en curso o que ya tienen sentencia y han dejado personas detenidas o que se mantienen prófugas de la justicia.
Cuando dice que hay intentos desesperados por tomarse la Fiscalía, Salazar nombra siempre primero al expresidente Correa, de quien dice está a la cabeza de todo.
Correa es uno de los 20 sentenciados dentro del caso Sobornos. Recibió una pena de ocho años de cárcel como autor mediato por instigación, perdió sus derechos de participación o políticos por el tiempo de la sanción, debe pagar $ 778,000 como reparación integral al Estado y se le suspendió el pago vitalicio como expresidente de la República, pena similar a la de su excompañero de fórmula presidencial Jorge Glas. Desde mediados de 2017 que dejó el poder, el líder del correísmo se radicó en Bélgica.
Ante la afirmación de Salazar, Correa le ha respondido usando la vía que lo ha mantenido vigente todos estos años: Twitter. “No, señora. Yo solo busco justicia, que es la peor maldición para personas corruptas, perversas y tontas como usted. Tiene razón en estar desesperada. Ya falta poco…”.
Para el exmandatario, lo que se ha dado estos últimos seis años contra él y los miembros de su agrupación ha sido una “miserable persecución política” para neutralizar a Rafael Correa, para eliminar lo que llaman correísmo. De la sentencia de Sobornos ha dicho que esta no resistiría el menor análisis de jueces probos, que se han inventado sobornos y para justificarlos se han creado temas como el “influjo psíquico”, pruebas como el cuaderno forjado de la exasistente de Presidencia también condenada Pamela Martínez, testigos falsos, peritos corruptos…
A todos los procesados en el caso Sobornos la fiscal general, Diana Salazar, les acusó de ser parte de una “red de corrupción” que operó desde la Presidencia de la República con el fin de financiar las actividades del entonces movimiento oficialista Alianza PAIS, mediante el cobro de cuotas ilegales a contratistas, a quienes a cambio se les entregaban obras públicas del Estado.
Salazar asegura que mientras siga en el cargo defenderá el caso que ella investigó y en el que presentó a los jueces 101 pruebas que fueron confirmadas en apelación y ratificadas en casación. Desde su perspectiva no hay ninguna posibilidad de que la causa sea declarada nula o vuelva atrás. Únicamente piensa que se podría dar una situación distinta si cometen “una ilegalidad, una irregularidad o se inventan alguna figura jurídica”.
“Hacia allá van, hacia allá pretenden ir, pero la única manera es sacando a la fiscal general y eso es porque saben que yo voy a defender (el caso Sobornos)”, aclaró Salazar en una entrevista con radio Sucesos, en la que además reconoció que para quien llegue a la Fiscalía a reemplazarla en 2025 será una tarea difícil y una gran responsabilidad sostener los casos que ya tienen sentencias y también encaminar otros que quedarán.
Dentro del caso Sobornos, Alexis Mera, exsecretario jurídico de la Presidencia, fue el primero en plantear ante la Corte Nacional un recurso extraordinario de revisión a la pena de cárcel de ocho años en calidad de coautor que le definieran. En abril de 2022 la acción fue rechazada por un tribunal de revisión por no estar fundamentada. Independiente de la decisión, la sala dejó a salvo el derecho de Mera a presentar en cualquier momento y las veces que crea necesario nuevamente este recurso.
Fuente El Universo