Con base en supuestas denuncias divulgadas por un asambleísta, en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) se intentó activar una denominada “facultad de verificación” sobre la designación que hizo el mismo organismo de Xavier Muñoz como vocal del Consejo de la Judicatura (CJ), pero no hubo los votos necesarios.
Este 31 de octubre, en el pleno del Consejo de Participación Ciudadana se intentó aprobar una resolución para que la Contraloría General del Estado le remita en 24 horas información sobre exámenes especiales que se habrían iniciado a la documentación que presentó Xavier Muñoz para ser vocal del Consejo de la Judicatura, porque supuestamente no habría cumplido con el tiempo de experiencia para ocupar este cargo.
El presidente del CPCCS, Hernán Ulloa, presentó la moción alegando que el asambleísta Eitel Zambrano (independiente) habría divulgado información de que Muñoz no cumpliría con haber ejercido la profesión o la docencia con un lapso mínimo de diez años, requisito contemplado en el artículo 179 de la Constitución.
La moción no se aprobó por la falta de un voto. No respaldaron la moción Sofía Almeida, David Rosero, Javier Dávalos y Francisco Bravo; a favor estuvieron Ibeth Estupiñán, Hernán Ulloa y María Fernanda Rivadeneira.
Almeida pidió que se lea la supuesta denuncia que llegó hasta el CPCCS sobre ese hecho, pero Ulloa confirmó que no hubo ninguna denuncia, pero que a través de medios de comunicación se conoció que el legislador Zambrano habría iniciado esta investigación y la remitió a la Contraloría para que inicie los controles respectivos.
La consejera, al igual que Rosero y Dávalos argumentaron que el Consejo no tiene esa facultad de verificación de la designación de las autoridades que elige, además que no puede superponerse a una acción que está realizando la Contraloría.
Adicionalmente, reclamaron que esto tiene como interés de los consejeros “salvarse” del juicio político que enfrentan en la Asamblea Nacional en la actual coyuntura.
Ulloa, Rivadeneira y Estupiñán argumentaron que el objetivo era observar si efectivamente las denuncias divulgadas sobre el consejero Muñoz eran reales y evitar que sean interpelados en la Asamblea Nacional.
Ulloa esgrimió que el Consejo tiene la facultad de verificación, así como atender las denuncias que lleguen a su seno.
El voto de Bravo sorprendió a sus colegas, pues fue en contra. Él dijo que será el informe de la Contraloría el que determine indicios de responsabilidad penal por lo que haya declarado Muñoz y que al ser el Ecuador un “Estado de derecho y está por resolverse un examen de la Contraloría”, no respaldaba la propuesta.
Almeida, quien estaba conectada por Zoom, tenía abierto su micrófono y dijo: “Se salvó”. Ulloa sonrió y creyó que “el consejero Bravo tuvo un lapsus y votó en contra”. Pidió a secretaría general que contacten a Bravo nuevamente, pues había pedido que lo llamen para votar de nuevo porque se dio cuenta de que cometió un error en la votación. Sin embargo, el pleno avanzó y no hubo una corrección o reconsideración de la votación.
Muñoz fue postulado a ser vocal de la Judicatura durante la presidencia de Lenín Moreno y fue elegido por el CPCCS el 7 de abril del 2021 junto con Solanda Goyes, que fue electa como suplente.
En junio pasado, el presidente de la República, Guillermo Lasso, le remitió un oficio a Muñoz pidiéndole que renuncie a su cargo. “Es necesario que exista armonía institucional entre el delegado designado y la función del Estado a la que supuestamente representa”.
Según Lasso, ese vínculo “no ha existido”. “Lo cierto es que no nos sentimos representados por sus actuaciones al frente de la institución”, se señaló en esa carta.
En otra carta de respuesta, Muñoz le reclamó a Lasso por ese pedido y, al contrario, lo exhortó a él a renunciar a su cargo como jefe de Estado.
En cuanto a la selección del nuevo miembro del Consejo de la Judicatura que representará a la Corte Nacional de Justicia (CNJ), el proceso cuenta con la veeduría conformada y capacitada.
El Consejo de Participación Ciudadana aprobó este lunes el informe que detalla la acreditación y capacitación de los veedores que sumarían 22, cuya función será observar que las etapas de la designación se realicen con transparencia.
La terna que remitió el presidente de la CNJ, Iván Saquicela, para ocupar esa vocalía y la presidencia del Consejo de la Judicatura la componen Marco Antonio Tello Sarmiento, actual funcionario de la CNJ; Blanca Alexandra Vallejo Bazante, jueza y presidenta de la Corte Provincial de Justicia del Azuay; y Andrés Esteban Mogrovejo Abad, juez de la Corte Provincial de Justicia de Cañar.