El cobro de esta contribución representaría al Estado un ingreso de $ 145,9 millones, incluyendo el aporte de las cooperativas de ahorro y crédito, según el informe aprobado por la Comisión de Desarrollo Económico.

Asobanca alerta que “de aprobarse este impuesto confiscatorio a los bancos, la carga fiscal se elevará al 76 %, afectando la solvencia patrimonial y, consecuentemente, reducirá su capacidad de generar crédito en un valor cercano a $ 4.000 millones” y que eso impactará al financiamiento que requiere el país. (I)