Desde Washington, Estados Unidos, donde ahora reside, la exministra de Gobierno María Paula Romo hace fuertes críticas a la decisión de la Asamblea Nacional de conceder amnistías a los líderes indígenas y políticos que participaron en las manifestaciones de octubre del 2019 contra las medidas económicas del gobierno de Lenín Moreno. Ella estuvo al mando de la Policía Nacional durante estas violentas jornadas y, por ello, cree que la resolución está basada en mentiras, y que deja un mensaje de impunidad.
¿Qué opina de la decisión?
Para mí, en términos generales, mi primera reacción es que la Asamblea ha dado un mensaje de impunidad muy grave para el país. Y bajo el paraguas de octubre disfrazan invasiones de tierras, secuestros y no solo los de las protestas, temas de minería ilegal como de la zona de Buenos Aires que todos sabemos lo delicada que es… De esos casi 270 casos, 60 son de octubre, todo lo demás es un gran paquete de impunidad para los amigos de la mayoría que aprobó esa decisión…
¿Pero usted cree que nadie de los amnistiados lo merecía? ¿No hay algún caso que se rescate?
En términos generales, llegar a considerar una amnistía significa que de alguna manera o se hace una excepción o no funciona la justicia o se va por otro camino que no es la justicia. Entonces, en un mundo ideal la justicia debe decir quién es culpable o inocente con objetividad y celeridad. Pero si usted ve los casos hay unas señoras que están procesadas por calumnia, eso incluso ya se borró del Código Penal. No es que todos los casos son gravísimos, hay otros que están ahí, pero no se entiende bien la motivación pues ya estaban archivados… También hay mucho clientelismo político con las amnistías, cada uno fue llevando a su comunidad, sus amigos, sus contactos que tenían algún problema legal para hacer este show del “perdón”. Es una mezcla confusa de todo, estoy segura de que no todos los que les están perdonando algo son culpables, pero también estoy segura de que no son 268 santos, luchadores sociales… Hay casos sentenciados por la justicia, un caso en Cañar de unos sentenciados a 9 años por el secuestro de unos funcionarios de una cooperativa de ahorros, hay el caso de la hacienda Té Zulay en la que Jaime Vargas está sentenciado y existe la orden de desalojo de los terrenos, hay el caso de la invasión de tierras en Cotopaxi que encabezó Leonidas Iza y que está sentenciado en primera instancia… Incluso para quienes salieron a protestar legítimamente en octubre debe ser doloroso ver que se aprovechan de esas jornadas para perdonarse sus invasiones de tierras.
En el informe de la Asamblea se describen los hechos de octubre del 2019 de forma diferente a la que los recordamos. ¿Los acomodaron a su conveniencia?
Están tomándonos el pelo. Es una burla lo que han hecho, una ofensa, me faltan los adjetivos. Mire, por ejemplo, sobre el secuestro del Ágora de la Casa de la Cultura dicen que “simplemente han sido puestos a órdenes de la autoridad indígena”. Explíqueme, ¿Freddy Paredes (periodista) tenía que ser puesto a “órdenes de la autoridad indígena”? ¿Por qué? ¿El coronel Rueda? ¿Quiénes son las autoridades indígenas? ¿Quiénes se someten a ellas? ¿Me pueden vejar, insultar, quitarme los zapatos, en frente de una multitud enardecida y eso es ponerme a órdenes de la autoridad indígena? ¿En qué modelo de país son ellos autoridad? En el caso del secuestro de Nizag, Chimborazo, 47 militares y 5 policías estuvieron secuestrados dos días, incluso hubo un operativo de rescate, dice que simplemente “los han movilizado de donde ellos estaban a la comunidad” para que “participen en un diálogo intercultural”. Perdóneme, pero ¿500 personas me movilizan de un lado a otro y me encierran dos días para que participe de un diálogo intercultural? Eso se llama secuestro en cualquier lugar del mundo.